El dirigente sindical señaló que ya desde temprano se congregaban más de 2.000 manifestantes en la Plaza Uruguaya de Asunción, desde donde los docentes marcharían hacia la plaza frente al Congreso, mientras aguardaban la decisión de la Cámara de Senadores de Paraguay sobre la iniciativa.
Espínola sostuvo que la protesta forma parte de una movilización nacional y adelantó que en varias zonas del interior se realizarán cierres intermitentes de rutas, como suele ocurrir en este tipo de manifestaciones, con el objetivo de “hacer sentir la determinación” del sector educativo. Entre los puntos mencionados figuran accesos a ciudades del norte, del este y del Chaco, además de concentraciones en plazas y rutas.
El dirigente también confirmó que el paro docente es total y no parcial, y aseguró que, según datos del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, el acatamiento alcanzaría alrededor del 85%, lo que deja a más de un millón de niños sin clases en las primeras semanas del calendario escolar.
CRÍTICAS AL PROYECTO
Espínola calificó como un “grave retroceso” la versión de la reforma aprobada por Diputados, argumentando que reduce las condiciones de jubilación del sector docente y que el problema del déficit de la Caja Fiscal se originó en la falta de aportes del propio Estado durante décadas.
Según el dirigente, los gremios reclaman un aporte patronal cercano al 19%, mientras que la propuesta en discusión contempla un aporte estatal del 10%, lo que —según dijo— resultaría insuficiente para equilibrar el sistema sin afectar los ingresos de los docentes.
CLASES SUSPENDIDAS Y PREOCUPACIÓN DE FAMILIAS
Consultado sobre el impacto del paro en los estudiantes, Espínola relativizó la pérdida de días de clase al inicio del año lectivo y aseguró que los contenidos programáticos se recuperarán posteriormente. Sin embargo, la medida genera preocupación en miles de familias que ven interrumpido el desarrollo normal del calendario escolar a pocas semanas de haber comenzado.
Mientras tanto, los gremios advirtieron que las medidas de fuerza podrían extenderse dependiendo de lo que resuelva el Senado, lo que mantiene en incertidumbre tanto al sistema educativo como a los padres de familia.
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