Según el letrado, se pasó de los rumores a una discusión con implicancias jurídicas, debido a denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Insistió en que la denuncia presentada recientemente tiene inconsistencias. “Por ejemplo, el presunto acrecentamiento patrimonial ocurrió en un período en el que Santiago Peña no ejercía funciones públicas, por lo que no constituye delito alguno”, dijo.
Otra acusación señala que Peña tenía inversiones minoritarias en una sociedad que adquirió otra empresa, donde un directivo fue imputado años después por lavado de activos. Sin embargo, según el abogado, la participación de Peña era inferior al 2%, y no tenía relación alguna con los hechos imputados posteriormente. “Por lo tanto, ser accionista minoritario no puede implicar responsabilidad penal por acciones futuras de otros”, enfatizó.
Añadió que se mencionan supuestos conflictos por licitaciones o tráfico de influencias relacionados con UENO Holding y Grupo Vázquez, donde Peña tuvo acciones anteriormente. “Ninguna de las licitaciones mencionadas involucra irregularidades ni decisiones tomadas directamente por él. Denunciar sobre suposiciones sin hechos concretos no es compatible con un Estado de Derecho, y la carga de la prueba recae en el Ministerio Público, no en el Presidente para justificar su patrimonio privado”, remarcó.
Respecto a la adquisición de una camioneta y otros bienes, y las afirmaciones de que Peña compró un vehículo a un proveedor del Estado “son falsas”. Preda dijo que la compra se realizó en diciembre de 2022, antes de cualquier rol público, y no hubo adjudicación directa por parte del presidente. Además, afirmó que el uso de facturas a nombre de familiares “se ajusta a prácticas legales y normales del ámbito privado”.
SUPUESTOS SOBRES CON DINERO
En cuanto a los supuestos sobres con dinero, aseguró que “no existe evidencia de ilegalidad”. Añadió que la persona que hizo la afirmación había perdido la confianza presidencial y su relato tiene inconsistencias lógicas: “afirmar tener dinero en un sobre y guardarlo durante meses sin verificar su origen carece de razonabilidad. La pérdida de confianza no necesariamente implica sustracción de dinero, y el presidente nunca hizo denuncia alguna”, acotó.
En cuanto a la declaración jurada de bienes, manifestó que la primera dama no es funcionaria pública, y Peña ya poseía la mayoría de sus bienes antes de asumir la presidencia. Sobre el punto, agregó que La construcción de su residencia presidencial se financió con un crédito bancario y rescate de inversiones personales, “todo dentro de la legalidad”.
Sostuvo asimismo que el presidente no está procesado, y abrir una investigación no implica procesamiento. “Si el Ministerio Público decidiera investigarlo, se someterá a la justicia y aportará la documentación necesaria para demostrar la trazabilidad de sus recursos, siempre respetando las normas y procedimientos legales. Mantener efectivo no es ilegal per se, y cualquier evidencia se ajustará a la ley y a sus ingresos”, subrayó.
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