En entrevista con RCC Radio este miércoles, Ferreiro dijo que la iniciativa surge tras un relevamiento de datos de acceso público que expuso severas irregularidades administrativas y un potencial esquema de enriquecimiento ilícito en el seno de la entidad previsional. La denuncia apunta principalmente a un grave conflicto de intereses dentro de la estructura de decisión del IPS:
Red familiar en licitaciones: Miembros del Consejo de Administración y profesionales del área de nutrición habrían participado activamente en la elaboración de pliegos, evaluación de ofertas y adjudicación de contratos a favor de empresas privadas donde trabajan sus propios familiares directos (como hijas de consejeros).
Enriquecimiento no justificado: Se detectó un incremento patrimonial sustancial en los funcionarios involucrados que no se condice con sus salarios públicos, sin que la Contraloría General de la República haya ejecutado los exámenes de correspondencia pertinentes.
Opacidad en la DNCP: Existen datos incompletos en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y protestas licitatorias que fueron desestimadas sin justificación clara.
El profesional cuestionó con dureza el rol de la Fiscalía, señalando la existencia de un «esquema de cajoneo» que busca la prescripción de las causas por corrupción pública, salvo aquellas impulsadas por intereses políticos.
Denunció además que normativas internas impiden a los propios denunciantes acceder al estado de las carpetas fiscales, facilitando la pérdida de elementos probatorios y la falta de diligencias clave como allanamientos.
Finalmente, el denunciante contrapuso la inacción fiscal en casos de alto impacto en el IPS frente a la celeridad con que la justicia persigue otras causas de perfil político (citando el caso de Miguel Prieto), concluyendo que el dinero descontado mensualmente a los aportantes termina desviado en beneficio de esquemas privados mientras los asegurados padecen la falta constante de insumos, medicamentos y alimentos de calidad.
Dejá tu comentario