Durante sus declaraciones a la prensa este miércoles, Soroka sostuvo que desde la Comisión Permanente del Congreso se decidió “dar una oportunidad real” al IPS, impulsando una mesa de trabajo seria que contemple la modificación del reglamento interno y de la carta orgánica vigente desde 1943, además de la elaboración de un itinerario concreto ligado al Presupuesto General de la Nación. En ese marco, recordó que la institución arrastra una deuda superior a los 600 millones de dólares, una carga que agrava aún más su frágil situación financiera.
Sin embargo, el legislador fue enfático al señalar que ninguna reforma administrativa o financiera tendrá resultados si no se enfrenta de raíz la falta de sanciones. “Jamás podemos pedir resultados cuando tenemos impunidad. Desde ahí tenemos que arrancar”, afirmó, calificando el escenario actual como uno de “demasiada impunidad”.
Soroka denunció la existencia de numerosas causas vinculadas a bienes del IPS que habrían permanecido durante años en manos privadas sin consecuencias judiciales. Habló de inmuebles ocupados entre siete y diez años, sin que existan imputados ni responsables identificados. “¿Dónde están los imputados? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los que se están aprovechando de los bienes del Estado?”, cuestionó.
Uno de los puntos más graves mencionados fue la existencia de medidas cautelares sobre propiedades del IPS, pese a que la ley prohíbe expresamente este tipo de disposiciones sobre bienes de la previsional. En ese sentido, Soroka apuntó directamente al sistema judicial: preguntó quién fue el juez que otorgó esas medidas, por qué no fue sometido al Jurado de Enjuiciamiento y por qué sigue ejerciendo el cargo.
El senador también reclamó la intervención directa de las máximas autoridades del sistema de justicia. Consideró indispensable convocar a ministros de la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público para exigir explicaciones concretas sobre las causas vinculadas a las denuncias del IPS. “Denos los nombres”, insistió, subrayando que las denuncias genéricas no sirven si no se identifican a jueces, funcionarios y beneficiarios.
Entre los casos que adelantó que serán investigados, mencionó el manejo de la denominada “Manzana T”, reclamando saber quiénes cobraban los alquileres y quiénes se beneficiaron durante años. “Todos los paraguayos tenemos derecho a saber quiénes fueron los beneficiados”, sostuvo.
Soroka aseguró que la Comisión Permanente ya trazó un itinerario claro, pero advirtió que sin información precisa y sin decisiones judiciales firmes no habrá solución posible. “Si existe impunidad, jamás va a haber cambios”, reiteró, dejando en evidencia que el principal obstáculo para sanear el IPS no es solo financiero, sino político y judicial.
Las declaraciones del senador colocan nuevamente al IPS en el centro del debate nacional, no solo como una institución en crisis, sino como un símbolo de la falta de rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. El desafío, ahora, es si el sistema político y judicial está dispuesto a avanzar más allá del discurso.
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