En declaraciones a RCC Radio, Ruiz Díaz sostuvo que el Gobierno intenta instalar la idea de que la ley resolverá la crisis del transporte, cuando en realidad carece del elemento central para cualquier reforma estructural: financiamiento. “El transporte público no se arregla por ley, se arregla con ingeniería de transporte e inversión vial”, afirmó.
Según el titular de CETRAPAM, la norma plantea una transformación profunda del sistema, pero no cuenta con respaldo presupuestario alguno. Recordó que en el Presupuesto General de la Nación 2026 no existe ni un solo guaraní adicional destinado al transporte público, más allá de los montos habituales para subsidios.
“El propio presidente habló de una transformación que costaría alrededor de USD 700 millones, pero en el presupuesto figura exactamente el mismo monto que en 2025. ¿De dónde van a salir esos recursos?”, cuestionó, con ironía.
TARIFA AL ALZA Y SUBSIDIOS IMPAGOS
Ruiz Díaz advirtió que, si se aplica estrictamente el modelo previsto en la ley —inspirado en sistemas como el de Chile—, el costo real del pasaje se disparará, ya que deberá incorporar el valor de buses nuevos, infraestructura, paradas y costos operativos.
“El pasajero tal vez no vea el aumento directamente, pero eso implica subsidios muchísimo más altos, y el Estado no tiene capacidad de pagarlos”, subrayó. Como ejemplo, recordó que siguen impagos los subsidios de noviembre y diciembre, así como compensaciones correspondientes a 2024, pese a que existe un decreto que obliga a pagarlos en el mismo mes de presentación.
UNA LEY SIN CONSENSO
El presidente de CETRAPAM fue especialmente crítico con el proceso de elaboración de la norma, asegurando que se redactó “entre cuatro paredes, como un secreto de Estado”, sin participación de empresarios, trabajadores ni de la sociedad civil.
Incluso señaló que instituciones del propio Poder Ejecutivo, como el MADES, SEDECO y MITIC, dejaron constancia de sus objeciones en audiencias públicas, lo que evidencia que ni siquiera dentro del Gobierno existía consenso sobre el contenido de la ley.
“No participaron los empresarios, no participaron los trabajadores —que en diciembre hicieron huelga— y tampoco la sociedad civil. Los tres actores clave quedaron afuera”, denunció.
MÁS BUSES, MISMO CAOS
Ruiz Díaz también puso en duda la viabilidad del sistema si no se acompaña con obras viales. “Podemos comprar mil buses nuevos, pero ¿dónde van a circular? En las mismas calles colapsadas. En marzo van a estar atrapados en el mismo tráfico”, advirtió.
A su criterio, el Gobierno puso la carreta delante de los bueyes, al legislar primero sin definir cómo ni por dónde circularán los buses. “Hablan de carriles exclusivos, viaductos, subterráneos… todo eso hoy es humo”, sentenció.
CRÍTICAS DIRECTAS AL VICEMINISTERIO
Ruiz Díaz fue aún más duro al referirse al Viceministerio de Transporte, al que acusó de mentir de forma sistemática durante los últimos dos años, respaldando sus dichos con documentos.
“Si vamos a construir una transformación del transporte sobre la mentira, estamos levantando una nueva torre de Babel”, afirmó, y reconoció que ya no tiene voluntad de seguir dialogando con autoridades que, según dijo, “no cumplen lo que prometen”.
Finalmente, estimó que, aun cumpliendo todos los requisitos de la ley, su implementación real no se dará antes de cinco años, por lo que este Gobierno ni siquiera llegará a ver sus resultados. “El transporte público debe ser una política de Estado, no un anuncio pasajero. Si no hay continuidad, inversión y verdad, nada va a cambiar”, concluyó.
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