La situación judicial del destituido expresidente Santiago Peña se agravó este sábado. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó su prisión preventiva en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank.
La resolución fue adoptada al término de la audiencia de imposición de medidas cautelares, durante la cual Peña se abstuvo de prestar declaración. Tras la decisión judicial, el exjefe de Estado fue trasladado desde el Palacio de Justicia de Asunción hasta el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, donde deberá permanecer recluido.
Al explicar los fundamentos de su resolución, Otazú sostuvo que resulta necesario garantizar la permanencia del procesado en el país y señaló que existen elementos que justifican la aplicación de la medida más gravosa.
Entre los argumentos considerados por el magistrado figura el eventual acceso que Peña habría tenido, durante su gestión presidencial, a información relacionada con la trama investigada en el caso Ueno, así como a datos vinculados al crimen organizado. Estos elementos fueron valorados dentro del análisis del posible peligro de obstrucción de la investigación.
«Se debe tener la garantía de su permanencia en el país y es por eso que el juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva», explicó Otazú al finalizar la audiencia.
LA DEFENSA CUESTIONA LOS FUNDAMENTOS DE LA PRISIÓN
Por su parte, el abogado Ricardo Preda, representante legal de Peña, rechazó que estén reunidos los presupuestos legales para justificar la prisión preventiva.
La defensa sostuvo que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la investigación y argumentó que su cliente ya dejó de ejercer la Presidencia de la República, por lo que tampoco tendría las atribuciones que anteriormente le permitían acceder a información o ejercer influencia desde el Poder Ejecutivo.
La resolución judicial representa un nuevo y significativo giro en el escándalo Ueno, que ya derivó en la imputación del exmandatario por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
Ahora, Peña deberá enfrentar el proceso penal desde su lugar de reclusión, mientras la investigación fiscal continúa para determinar las responsabilidades que pudieran surgir de las operaciones cuestionadas.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica una condena ni determina la culpabilidad del procesado.
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