En el caso de Peña, los agentes fiscales le atribuyen los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio. Por su parte, Carvallo fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
La presentación fue realizada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de que ambos comparecieran ante el Ministerio Público para sus respectivas declaraciones indagatorias. Tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de declarar.
Sin embargo, la ofensiva fiscal no se limitó a la formulación de cargos. El equipo investigador solicitó al juzgado penal de garantías la aplicación de prisión preventiva para los dos imputados, por lo que ahora corresponderá a la Justicia analizar y resolver el requerimiento.
Las actuaciones se desarrollan dentro de la causa penal N.º 92/2026, caratulada «Santiago Peña y otros s/ lesión de confianza y otros», abierta el jueves por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, luego de la presentación de nuevas denuncias y la ampliación de una denuncia formulada en 2025.
Piden inmovilizar bienes y cuentas bancarias
Otro aspecto relevante del requerimiento fiscal apunta directamente al patrimonio de los investigados. Los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N.º 2, a cargo de Rodrigo Estigarribia, la inhibición general de enajenar y gravar bienes registrables que figuren a nombre de Peña y Carvallo.
Asimismo, requirieron la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias y activos financieros, para lo cual pidieron que se libren oficios a la Superintendencia de Bancos y al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
El Ministerio Público también solicitó informes a las instituciones competentes para localizar otros bienes y derechos patrimoniales de ambos imputados, incluyendo propiedades inmobiliarias, vehículos y otros activos registrados a sus nombres.
De esta manera, la investigación sobre el colapso de Ueno Bank y las presuntas irregularidades financieras escala hacia una nueva instancia, con dos exautoridades de alto nivel sometidas a proceso penal y pedidos de medidas cautelares que deberán ser evaluados por el órgano jurisdiccional.
La imputación constituye el inicio formal de esta etapa del proceso y no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad. La decisión sobre la prisión preventiva y las medidas patrimoniales corresponde al juzgado.
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