El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bernardo Rojas, manifestó a RCC Radio este viernes que el aumento aprobado está lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los trabajadores y calificó la medida como insuficiente frente al incremento sostenido del costo de vida.
Según explicó, la mesa sindical había planteado un reajuste del 20%, equivalente a unos G. 547.000, basándose en estudios que, a criterio de los gremios, reflejan mejor la realidad económica de las familias paraguayas. No obstante, lamentó que no existiera un espacio de negociación con el Poder Ejecutivo antes de la decisión final.
Rojas también cuestionó el mecanismo utilizado para calcular el reajuste, argumentando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP) responde principalmente a objetivos de política monetaria y no a la medición específica del costo de vida de los trabajadores que perciben salario mínimo.
El dirigente sindical señaló además que el reciente informe del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo aporta elementos para revisar el actual sistema de reajuste salarial y la estructura del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), instancia que considera desactualizada.
Sin embargo, los cuestionamientos no provinieron únicamente de los sindicatos. Desde el ámbito empresarial y profesional también surgieron críticas, enfocadas en la forma en que el Gobierno decidió aplicar el aumento.
SECTOR PRIVADO HABLA DE UNA MEDIDA DISCRECIONAL
Economistas y representantes de gremios empresariales cuestionaron que el reajuste haya superado el resultado de la fórmula técnica vigente, advirtiendo que la medida introduce discrecionalidad en un tema sensible para la economía.
A criterio de estos sectores, apartarse del mecanismo previamente establecido genera incertidumbre para las empresas y dificulta la previsibilidad necesaria para la inversión y la generación de empleo.
Por ejemplo, a Asociación de Comerciantes e Importadores del Paraguay (ASIMCOPAR) manifestó su preocupación por la falta de criterios técnicos claros para determinar el incremento y alertó sobre el impacto que tendrá en las empresas que cumplen con todas las obligaciones laborales y tributarias.
Sostiene que el aumento encarecerá los costos operativos de las firmas formales, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, mientras que los negocios informales seguirán operando sin asumir las mismas cargas.
En ese contexto, advirtieron que la medida podría incentivar una mayor informalidad laboral, en un país donde más del 60% de los trabajadores ya se desempeña fuera de los esquemas formales de empleo.
Según esta visión, algunas empresas podrían verse obligadas a reducir contrataciones, registrar menos trabajadores o trasladar parte de sus operaciones a la informalidad para sostener su competitividad.
De esta manera, el reajuste salarial dejó un escenario inusual: trabajadores y empresarios coinciden en cuestionar la decisión gubernamental, aunque desde perspectivas opuestas.
Mientras los sindicatos consideran que el incremento resulta insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido, los gremios empresariales y economistas sostienen que la forma en que fue aplicado rompe con los criterios técnicos vigentes y podría generar efectos contraproducentes sobre el empleo formal y la inversión.
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