Sin embargo, el comunicado oficial de la empresa estatal deja sin responder una de las principales interrogantes del caso: ¿cuánto dinero de la ANDE fue depositado en Ueno Bank y cuánto de esos recursos se encuentra actualmente comprometido?
La institución informó que las colocaciones se realizaron mediante concursos de ofertas de tasas de interés, conforme a sus procedimientos internos para la habilitación de cuentas bancarias. No obstante, no precisó los montos depositados, las fechas de las operaciones, las tasas pactadas ni los funcionarios que intervinieron en las decisiones.
La ANDE también señaló que solicitó al Ministerio Público la adopción de medidas cautelares para resguardar los recursos institucionales comprometidos y procurar su recuperación. Asimismo, aseguró que pondrá a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes, documentos e informes necesarios para el desarrollo de la investigación.
La empresa estatal sostuvo que continuará impulsando las acciones legales para defender sus intereses patrimoniales y proteger los recursos destinados al cumplimiento de sus obligaciones y a la ejecución de obras para el sistema eléctrico nacional.
TRANSPARENCIA, MÁS ALLÁ DE LA DENUNCIA
La presentación de una denuncia penal representa un paso para investigar lo ocurrido, pero no sustituye la obligación de informar públicamente sobre el manejo de los recursos del Estado.
En un caso de semejante gravedad, la ANDE debe transparentar cuánto dinero colocó en Ueno Bank, quiénes aprobaron esas operaciones y qué mecanismos de control se aplicaron para evaluar los riesgos de la entidad financiera.
No basta con anunciar acciones judiciales mientras se mantienen bajo reserva los datos fundamentales de una operación que involucra dinero público.
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