El proyecto de reforma instrumentaliza el concepto de «paz» para proscribir a la oposición organizada, clausurar formalmente las elecciones competitivas y consagrar la sucesión dinástica del poder estatal. La alineación de estas cúpulas pastorales evidencia la profunda fragmentación del ámbito religioso en el país.
Mientras la Iglesia católica y los líderes evangélicos independientes sufren persecución sistemática —con cientos de religiosos encarcelados, expulsados, despojados de su nacionalidad o despojados de la personalidad jurídica de sus ONG y universidades—, los sectores afines a la dictadura operan como un engranaje de legitimación política a cambio de favores institucionales y espacios de culto permitidos.
Durante las sesiones de consulta ante la Comisión Especial Constitucional de la Asamblea Nacional, los líderes religiosos cooptados fundamentaron su apoyo apelando a premisas teológicas y morales.
La paz como mandato divino: Según declaraciones publicadas en La Gaceta, pastores como Sergio Martínez Tinoco argumentaron que la reforma constitucional «consolida la paz, que es un don de Dios», sosteniendo que el crecimiento socioeconómico observado desde 2007 justifica normar legalmente la convivencia para impedir fracturas sociales.
Exclusión de la oposición como «requisito moral»: El reverendo Omar Duarte apoyó el cierre de espacios políticos a la disidencia afirmando que las modificaciones garantizan que participen únicamente «aquellos que tienen la moral» y el «derecho legítimo de ser nicaragüenses», alineándose con el discurso oficialista que califica a los opositores de «golpistas» o «traidores».
Sacralización del Estado dinástico: En sus pronunciamientos, estos sectores declararon abiertamente la «bendición de Dios para el Pueblo Presidente» y elevaron plegarias solicitando sabiduría para quienes conducen el régimen, equiparando la voluntad popular y estatal con los mandatos de la fe cristiana.
LA PARADOJA DE LA REPRESIÓN RELIGIOSA EN NICARAGUA
El respaldo pastoral ocurre en un contexto de grave vulneración a la libertad de culto.
Asfixia a la Iglesia Católica: Desmantelamiento de diócesis, expropiación de bienes de las órdenes religiosas, prohibición de procesiones y el destierro masivo de obispos, sacerdotes y seminaristas.
Purga de la civilidad evangélica: Cancelación arbitraria de más de 1.500 ONGs y ministerios evangélicos independientes que rehusaron someterse al control político del partido de gobierno.
Libertad condicional: La cooptación de las estructuras evangélicas dispuestas a colaborar le permite al Ejecutivo mantener la apariencia exterior de que existe pluralismo y libertad de fe, instrumentalizando el púlpito como un canal de contención social y propaganda.
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