Sin embargo, el conflicto no quedó completamente resuelto. Cuatro gremios rechazaron el acuerdo y mantienen la convocatoria a la medida de fuerza, por lo que el sistema educativo público enfrentará una jornada dividida entre organizaciones que levantaron el paro y otras que decidieron mantenerlo.
La FEP, considerada la organización con mayor cantidad de afiliados del sector, llegó al entendimiento con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) después de varias jornadas de negociaciones. También aceptaron la propuesta la Asociación Paraguaya de Educadores (APE), la Asociación de Docentes del Paraguay (ADP), Educadores Agremiados, la Asociación de Educadores de la República y la ADOFEP.
El acuerdo establece que el reajuste del 5% será aplicado en dos etapas: 2,4% desde enero y 2,6% desde julio de 2027. Según lo informado tras la negociación, el incremento representará un impacto presupuestario de unos USD 47 millones.
El entendimiento incluye además USD 9 millones para el pago del escalafón docente, G. 16.000 millones adicionales para la contratación de educadores, el pago de una deuda de G. 40.000 millones con el IPS y la instalación de una mesa de trabajo para avanzar hacia una Carrera del Educador.
LA HUELGA NO DESAPARECE
Sin embargo, el acuerdo -aparentemente- sigue lejos de representar una solución integral al conflicto. La OTEP-SN, OTEP-A, Unión Nacional de Educadores (UNE) y MAS-SN rechazaron el 5% y ratificaron la huelga para mañana y el viernes.
Estos gremios mantienen como principal reclamo un reajuste del 8% para 2027, porcentaje superior al finalmente acordado por la FEP y las demás organizaciones. El pedido original contemplaba un aumento escalonado: 5% desde enero y otro 3% desde julio.
El reclamo docente tampoco se limita al salario. Durante las negociaciones fueron planteadas necesidades relacionadas con la creación de rubros, horas cátedra, cargos docentes y directivos, supervisores y psicólogos escolares, además del fortalecimiento de recursos destinados al funcionamiento de las instituciones educativas. La FEP había señalado, por ejemplo, un déficit de 256.000 horas cátedra y la necesidad de más rubros para atender aulas superpobladas.
De esta manera, el Gobierno consiguió evitar una huelga respaldada por la principal organización docente, pero no logró cerrar el conflicto con todo el movimiento sindical educativo.
La situación también expone una cuestión que va más allá del porcentaje acordado: la discusión salarial vuelve a cruzarse con las necesidades estructurales del sistema educativo. Mientras el Ejecutivo debe encajar los compromisos dentro del Presupuesto General de la Nación, los gremios sostienen que el salario y las condiciones laborales forman parte de las condiciones necesarias para sostener el servicio educativo.
Por ahora, el resultado es un acuerdo parcial: una parte importante del magisterio desactiva la medida de fuerza y acepta el 5%, mientras otros sectores mantienen la huelga de 48 horas.
El desafío para el Gobierno será evitar que el acuerdo con la mayoría termine convirtiéndose simplemente en un nuevo capítulo de un conflicto que seguirá abierto con los gremios que consideran insuficiente la propuesta.
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