La propuesta fue planteada este martes durante una reunión mantenida en el MEC por la fiscala Teresa Sosa con el titular de Educación, Luis Ramírez, y representantes del CONES. El objetivo es que las universidades involucradas promuevan ante los juzgados civiles la declaración de pérdida de eficacia jurídica de los diplomas apócrifos.
Sosa explicó que el procedimiento no apunta técnicamente a declarar la “nulidad” de los títulos, sino a conseguir una resolución judicial que determine que esos documentos carecen de valor y efectos jurídicos, debido a que las propias universidades ya confirmaron que nunca los expidieron. “Estos títulos ya no son auténticos porque la universidad ya informó por escrito que nunca los emitió. Ahí no hay vuelta, son falsos”, afirmó la agente fiscal.
Una vez obtenida la resolución judicial, esta deberá ser comunicada a las instituciones públicas correspondientes para que los documentos sean retirados de los registros y dejen de producir cualquier efecto legal.
BUSCAN COMPLETAR EL PROCESO ANTES DE FIN DE AÑO
La Fiscalía pretende que el trámite se active durante agosto para que el procedimiento judicial y administrativo pueda concluir antes de finalizar el año lectivo.
Sosa explicó que el objetivo es llegar a noviembre con las resoluciones correspondientes, teniendo en cuenta que las clases del año lectivo 2026 culminarán el 30 de noviembre.
La medida adquiere especial relevancia porque varios de los involucrados se desempeñan como docentes de instituciones públicas. Una vez que los títulos pierdan eficacia jurídica, el MEC podrá avanzar con la cancelación de las matrículas profesionales correspondientes.
La fiscala señaló además que, para quienes se encuentren frente a aulas o ejerzan funciones dentro del MEC, la pérdida de la matrícula podría derivar también en sumarios administrativos por presunto mal desempeño.
EL PROCESO ES INDEPENDIENTE DE LAS CAUSAS PENALES
El Ministerio Público aclaró que la pérdida de eficacia jurídica de los títulos y la eventual cancelación de las matrículas no dependen de la conclusión de las investigaciones penales ni de los sumarios administrativos iniciados por el MEC.
De acuerdo con Sosa, los procesos disciplinarios que lleva adelante la cartera educativa fueron suspendidos mientras avanzan las causas penales, pero el procedimiento para retirar la validez jurídica de los documentos puede desarrollarse por una vía diferente.
La Fiscalía ya remitió al MEC un primer grupo de 144 casos, de un total de 525 títulos presuntamente falsificados que están siendo investigados.
En estos 144 expedientes, la falsedad documental ya cuenta con una confirmación directa de las universidades que aparecen como supuestas emisoras de los diplomas.
FISCALÍA TAMBIÉN INVESTIGA A FUNCIONARIOS
Paralelamente, el Ministerio Público amplía la investigación hacia el funcionamiento del sistema informático utilizado para el registro de títulos en el MEC.
Sosa indicó que trabajan juntamente con la Dirección de Informática de la Fiscalía para identificar a los usuarios que intervinieron en el sistema y determinar quiénes pudieron haber permitido el ingreso o registro de documentos falsos.
“Estamos haciendo nuestra verificación del sistema informático del MEC para conocer a los usuarios; a los funcionarios públicos de altos cargos que permitieron el registro de títulos falsos”, explicó.
La investigación busca determinar no solo quiénes utilizaron diplomas apócrifos, sino también cómo ingresaron esos documentos al sistema oficial y qué funcionarios pudieron haber intervenido o facilitado su registro.
El caso se encuentra así en dos frentes: por un lado, la búsqueda de retirar cuanto antes los efectos legales de los títulos falsos y, por otro, la investigación penal para establecer responsabilidades por la falsificación y eventual incorporación de documentos apócrifos a los registros oficiales.
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