Como parte del proceso, autoridades del MEC recibieron a representantes de la Contraloría, quienes presentaron al equipo de funcionarios que estará a cargo de la fiscalización, encabezado por la directora general de Control Gubernamental, Gladys Fernández de Chenú Abente.
La auditoría tiene como objetivo verificar los procedimientos administrativos y contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados, fortaleciendo los mecanismos de control y la transparencia en el sistema educativo.
Desde el MEC señalaron que pondrán a disposición de la Contraloría toda la documentación e información requerida para facilitar el desarrollo de la investigación, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional.
La cartera educativa destacó que esta acción representa un paso importante para resguardar la confianza ciudadana en el sistema de educación superior y consolidar procesos cada vez más confiables.
INVESTIGACIÓN FISCAL
Paralelamente, la agente fiscal Teresa Sosa confirmó que está a su cargo la investigación de 525 casos de títulos académicos presuntamente falsos, en una causa que no solo alcanza a quienes utilizaron esos documentos, sino también a las personas que los emitieron y a los funcionarios que habrían permitido su registro en el sistema informático del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
En entrevista con RCC Radio, la fiscal explicó que la investigación se inició tras las denuncias presentadas por el MEC, luego de una tarea de verificación que permitió detectar presuntas irregularidades en documentos académicos.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público inició un peritaje técnico e informático en las dependencias del MEC con el objetivo de identificar a los usuarios que posibilitaron la inscripción y el registro de los títulos presuntamente falsos en el sistema oficial.
Sosa señaló que la investigación contempla varias líneas de responsabilidad. «Se investiga a las personas que entregaron los títulos falsos, a quienes hicieron uso de esos documentos y también a quienes posibilitaron el registro de esos títulos dentro del sistema informático del MEC», explicó.
La fiscal sostuvo que este tipo de irregularidades no solo constituye un hecho punible contra la fe pública, sino que tiene profundas consecuencias para el sistema educativo y para la sociedad. «Esto está afectando a nuestros niños y jóvenes en su formación y en su futuro. No solo tiene un componente jurídico, sino también social y económico», afirmó.
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