«Si tienen que ir presos 20, 50, 100 personas, que vayan todos presos. Esto es una vergüenza», manifestó Leite, durante una entrevista con el programa A La Gran 730, de ABC Cardinal, al cuestionar duramente el desempeño de las autoridades responsables de supervisar la entidad financiera.
El parlamentario aseguró estar «desilusionado» de las autoridades del Gobierno y afirmó que ya no tiene credibilidad en la conducción del Banco Central. A su criterio, los responsables de la banca matriz tuvieron conocimiento de la situación y no actuaron oportunamente para evitar que el problema alcanzara las actuales dimensiones.
Ante este escenario, planteó que el Congreso constituya una comisión bicameral de investigación, incluso desde este miércoles, para reconstruir los antecedentes de la crisis, identificar a quienes tomaron las decisiones y determinar las eventuales responsabilidades administrativas, políticas y penales.
PIDE INVESTIGAR QUIÉN AUTORIZÓ LAS OPERACIONES
Uno de los principales cuestionamientos de Leite apunta a las decisiones que permitieron el crecimiento y las operaciones de la entidad financiera, así como a las condiciones bajo las cuales se habrían autorizado determinadas operaciones empresariales y financieras. «¿Quién dio la orden?», planteó el senador, al exigir que se investigue quiénes autorizaron cada una de las decisiones cuestionadas.
En particular, pidió esclarecer cómo una entidad financiera pudo absorber a otra en condiciones que, según su interpretación, habrían implicado concesiones y plazos extraordinarios para reorganizar sus activos. También reclamó investigar las operaciones entre Ueno Bank y sus empresas vinculadas, sobre las cuales formuló sospechas de un eventual vaciamiento que deberán ser verificadas.
El legislador insistió en que la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y no limitarse a las autoridades actuales de la entidad bancaria.
PREOCUPACIÓN POR LOS DEPÓSITOS DEL IPS Y FONDOS PÚBLICOS
Leite también advirtió sobre la necesidad de utilizar todos los mecanismos legales disponibles para proteger a los depositantes, especialmente a aquellos cuyos recursos superan el límite cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos.
La garantía legal alcanza hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona y por entidad financiera, equivalente a G. 228.300.000. Los depósitos que superan ese monto no cuentan con esa misma cobertura automática.
En ese contexto, mencionó expresamente al Instituto de Previsión Social (IPS) y a los fondos públicos, cuya exposición a la entidad financiera genera preocupación por las posibles consecuencias patrimoniales.
La crisis se desencadenó luego de que el BCP anunciara el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida contempla la designación de interventores y la aplicación de mecanismos legales para administrar los activos y atender las obligaciones de la entidad.
Leite considera que, además de proteger a los ahorristas, resulta indispensable determinar cómo se llegó a esta situación, quiénes conocían las dificultades financieras y por qué no se adoptaron medidas oportunas.
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