En conferencia de prensa, el titular del MEF anunció un ajuste de cinturón superior a los G. 600.000 millones, mediante la reasignación de recursos del Tesoro que estaban previstos para gastos de funcionamiento de las distintas instituciones públicas. La decisión fue adoptada por el presidente de la República, Pedro Alliana, y presentada al Congreso por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El ministro de Economía, Óscar Lovera, explicó que el trabajo de revisión comenzó el sábado pasado, con el objetivo de identificar gastos que pudieran ser reducidos o postergados para liberar recursos y destinarlos a servicios considerados prioritarios por la nueva administración.
La redistribución contempla tres grandes áreas: salud, educación e infraestructura. Del monto total, G. 400.000 millones serán destinados al Ministerio de Salud Pública para la adquisición de medicamentos e insumos; G. 150.000 millones irán al Ministerio de Obras Públicas para financiar proyectos de infraestructura, mientras que el saldo restante fortalecerá el sistema educativo.
En este último sector, los recursos permitirán cubrir el crecimiento vegetativo de la matrícula y sostener la gratuidad de la educación en las distintas dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias.
Lovera precisó que los fondos fueron liberados mediante la revisión de gastos operativos, entre ellos obras de carácter institucional, pasajes, viáticos y otros desembolsos relacionados con el funcionamiento de las entidades estatales.
La propuesta fue remitida el martes a la Cámara de Diputados, que había postergado su sesión a pedido del Ejecutivo para permitir la presentación de esta nueva versión presupuestaria.
El ministro sostuvo que la reorientación de recursos responde a la directriz presidencial de privilegiar los bienes y servicios que llegan directamente a la ciudadanía y obligará a las instituciones a mejorar sus niveles de eficiencia para seguir atendiendo las demandas sociales.
FITCH OBSERVA CON CAUTELA EL IMPACTO DE LA CRISIS BANCARIA
Durante la conferencia, Lovera también se refirió a la decisión de la calificadora Fitch Ratings de modificar de estable a negativa la perspectiva de Paraguay, aunque mantuvo la calificación crediticia del país.
Consideró que se trata de una reacción natural ante la resolución de una entidad bancaria de la dimensión de Ueno, pero destacó que la calificadora sigue reconociendo los fundamentos económicos del Paraguay, entre ellos el crecimiento, el nivel de reservas internacionales y la inflación controlada.
Según explicó, la principal preocupación está relacionada con el impacto final que pueda tener la crisis bancaria sobre el sistema financiero. No obstante, afirmó que, al igual que Fitch, el Gobierno no observa hasta el momento efectos de contagio sobre las demás entidades financieras, que continúan operando con solidez.
El ministro señaló que la recuperación de la perspectiva dependerá de que la resolución de Ueno Bank quede contenida y no produzca consecuencias financieras ni económicas en el corto y mediano plazo.
MÁS DE 1,8 MILLONES DE AHORRISTAS ALCANZADOS
En cuanto al proceso de atención a los depositantes de Ueno Bank, Lovera informó que el anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos ya alcanzó a más de 1,8 millones de ahorristas, equivalentes aproximadamente al 93% de los depósitos.
Agregó que el Banco Central del Paraguay continúa trabajando en la elaboración del denominado balance de exclusión, paso necesario para avanzar en la transferencia de activos y pasivos o, en su defecto, aplicar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos, conforme a la normativa vigente.
Finalmente, el titular del MEF reconoció que la crisis bancaria fue un acontecimiento imprevisto y complejo, que obliga al Estado a revisar qué ocurrió y cómo se llegó a esa situación. Sostuvo que la respuesta no debe limitarse al sector público, sino que también requiere la participación del sector privado y de los actores políticos para fortalecer los controles y evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.
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