En entrevista con RCC Radio, el titular del gremio explicó este jueves que la crisis no se limita únicamente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sino que alcanza a varias instituciones públicas, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el IPS y la Secretaría Nacional de Deportes, entre otras. “El 100% de las empresas está con un problema financiero terrible, con dificultades de flujo de dinero y disponibilidad financiera”, afirmó.
Heisecke señaló que la falta de pagos no es reciente, sino que se arrastra desde hace más de un año, agravándose progresivamente. Esta situación ha generado un efecto dominó que ya se refleja en convocatorias de acreedores, quiebras técnicas y empresas al borde del colapso.
Actualmente, al menos seis empresas del sector iniciaron procesos de convocatoria de acreedores, mientras que muchas otras se encuentran en una situación de “quiebra virtual”, sin acceso a financiamiento ni respaldo de proveedores.
“La banca se endurece porque el sector está perdiendo categoría. Pasamos de ser sujetos de crédito confiables a empresas que ni siquiera pueden cubrir los intereses de sus préstamos”, explicó.
IMPACTO LABORAL: MILES DE EMPLEOS EN RIESGO
Aunque no se cuenta con una cifra exacta, desde CAPACO estiman que alrededor de 50.000 trabajadores del sector de infraestructura dejaron de trabajar, reflejando el fuerte impacto social de la crisis.
La falta de liquidez obliga a las empresas a reducir al mínimo su ritmo de ejecución de obras. Si bien en muchos casos no se formaliza una paralización total por cuestiones contractuales y administrativas, en la práctica numerosas obras están prácticamente detenidas o avanzan a un ritmo extremadamente lento.
“Lo que está ocurriendo es una ralentización generalizada: las empresas sacan el pie del acelerador porque no tienen recursos para continuar”, detalló.
OBRAS AFECTADAS Y RESTRICCIONES FISCALES
El dirigente indicó que el número de proyectos afectados supera ampliamente los 17 inicialmente reportados, evidenciando la magnitud del problema a nivel nacional.
Uno de los principales obstáculos para destrabar los pagos es la restricción fiscal vigente, que limita el gasto público al 1,5% de los ingresos, lo que impide al Estado cumplir con sus compromisos financieros.
MEDIDAS URGENTES Y EXPECTATIVA DE RESPUESTA
Ante este escenario, el sector impulsa la implementación de mecanismos como la cesión de derechos con garantía soberana y una ley que permita el pago de intereses atrasados, herramientas que consideran clave para evitar el colapso total de la industria.
Si bien existe un documento consensuado entre el MOPC, las empresas contratistas y el sistema financiero, su aprobación depende actualmente del Ministerio de Economía y Finanzas. “Estamos esperando una respuesta en estas horas. Esto es una lucha diaria por sobrevivir”, sostuvo Heisecke.
UNA CRISIS QUE TRASCIENDE GOBIERNOS
El titular de CAPACO reconoció que gran parte de la deuda corresponde a administraciones anteriores, con un monto estimado de entre 110 y 120 millones de dólares en intereses acumulados. Sin embargo, advirtió que la situación se agravó en el último año y continúa impactando con fuerza en el presente.
En ese contexto, insistió en que el problema ya no es solo financiero, sino estructural, y que requiere decisiones urgentes para evitar consecuencias aún más graves en la economía y el empleo.
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