En entrevista con RCC Radio, la representante del gremio, Rocío Figueroa, explicó que una de las principales alternativas planteadas es la cesión de pagos a través de la banca privada, mecanismo que permitiría saldar compromisos mediante financiamiento con respaldo soberano.
Si bien existe interés del sistema financiero —al tratarse de una deuda con bajo riesgo—, el proceso quedó en pausa tras cambios en el Ejecutivo y se aguarda una reunión urgente con las nuevas autoridades para avanzar en la reglamentación.
Según datos proporcionados por el propio sector, la deuda acumulada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social asciende a aproximadamente USD 1.027 millones. De ese total, unos USD 775 millones corresponden a medicamentos, mientras que el resto incluye servicios esenciales como hemodiálisis, estudios laboratoriales, equipamientos médicos, alimentación hospitalaria y limpieza.
Figueroa advirtió que el actual marco legal limita el alcance de los pagos, ya que solo contempla una parte de los medicamentos, dejando fuera rubros clave como los tratamientos adquiridos mediante amparos judiciales y otros servicios sanitarios.
IMPACTO DIRECTO EN PACIENTES Y TRATAMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD
Uno de los puntos más críticos señalados es el impacto en pacientes con enfermedades catastróficas, quienes dependen de medicamentos de alto costo que, en muchos casos, solo pueden ser obtenidos mediante recursos de amparo judicial.
Estos tratamientos —frecuentemente de última generación, como terapias inmunológicas— son esenciales para prolongar o salvar vidas. Sin embargo, la falta de pago a proveedores ha provocado que muchas empresas dejen de presentarse a licitaciones, generando un riesgo real de desabastecimiento. “Hoy no se trata solo de una deuda, sino de pacientes que no están recibiendo su medicación”, enfatizó Figueroa.
EMPRESAS OPERAN CON FINANCIAMIENTO Y ADVIERTEN CRISIS EN EL SECTOR
Ante la falta de pagos, las empresas proveedoras están recurriendo a financiamiento bancario para cumplir con sus contratos, lo que genera un descalce financiero significativo.
Mientras el Estado paga en plazos de hasta 365 días, los importadores deben abonar a sus proveedores internacionales en un máximo de 90 días, lo que incrementa la presión sobre el sector.
Desde la Cámara señalan que, si el mecanismo de cesión de pagos se concreta, el Estado debería asumir los costos financieros asociados, para evitar que las empresas reciban montos menores a los adeudados.
RIESGO DE MENOR IMPORTACIÓN Y AFECTACIÓN AL SISTEMA DE SALUD
El escenario actual ya está impactando en la disponibilidad de medicamentos, con una reducción en las importaciones y menor participación en procesos de contratación pública.
Aunque las empresas aún no reportan cierres masivos, el sector reconoce que la situación es crítica y podría derivar en pérdida de empleos y mayores dificultades para garantizar el abastecimiento en hospitales.
BUROCRACIA Y SISTEMA DE COMPRAS, OTRO FACTOR CLAVE
Figueroa también cuestionó la complejidad del sistema de compras públicas, señalando que los procesos licitatorios pueden retrasarse por cuestiones administrativas, protestas o ajustes en los pliegos.
Si bien recientes modificaciones legales han acortado algunos plazos, el sistema sigue siendo lento para responder a necesidades urgentes del sector salud. “No es lo mismo comprar un bolígrafo que un medicamento del que depende una vida”, subrayó.
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