El caso, derivado de una denuncia al sistema 147 #FonoAyuda, reveló un esquema donde adolescentes de 14 y 16 años comercializaban productos proveídos por un tercero. Aunque la aprehensión del supuesto explotador y el rescate de los menores se presentan como un éxito administrativo, la efectividad real de devolver a los niños a sus familias —mismas familias cuya vulnerabilidad económica suele ser el motor de la explotación— es motivo de debate.
La intervención contó con la participación de la fiscala Susana González y la defensora Jessica Garcete. Según el reporte oficial, uno de los adolescentes, oriundo de Caaguazú, fue derivado a un hospital y luego a un centro de protección. No obstante, en la mayoría de estos casos, la falta de un seguimiento integral y de programas de subsidio robustos provoca que, semanas después, los mismos menores regresen a las calles en otros puntos de la capital.
Mientras las instituciones estatales difunden el operativo como un “logro de gestión”, el sistema PAIVTES a menudo actúa sobre el síntoma (el niño en la calle) y no sobre la enfermedad (la estructura de pobreza y la falta de control en origen). Sin un cambio estructural, estas acciones corren el riesgo de ser vistas simplemente como «operativos para la foto» que solo trasladan el problema de una esquina a otra.
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