De acuerdo a un detallado historial, realizado por el Dr. Fernando Wiens, profundo conocedor del tema, la primera manifestación formal de interés en el proyecto se remonta al 26 de abril de 1993, bajo el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. El profesional (amplio conocedor de la accidentada historia del Acueducto para el Chaco), aclaró que el objetivo siempre ha sido y será el trasvase de agua cruda para fines múltiples, desde el Río Paraguay hacia el Chaco Central en cantidad, calidad (que incluye agua a tratarse para ser potable) y continuidad.
El Dr. Wiens recuerda que desde abril de 1993 se sucedieron múltiples solicitudes y presentaciones técnicas, como el informe del propio Dr. Fernando Wiens sobre recursos hídricos en el Chaco Central (1995), y pedidos reiterados a la Secretaría Técnica de Planificación por parte de autoridades departamentales como el gobernador Cornelius Sawatsky y el director Heinrich Dyck en 1996.
Señala que durante los siguientes años, los presidentes Raúl Cubas, Luis González Macchi y Nicanor Duarte Frutos dieron continuidad a la narrativa de apoyo al proyecto, destacándose la creación de la Comisión Acueducto mediante el Decreto N° 4.639 (1999) y la iniciativa de participación público-privada mediante la Corporación Agua para el Chaco, formalizada por decreto en 2005. Rememora que a pesar de los estudios de factibilidad y una licitación pública internacional realizada en diciembre de 2007, la obra no avanzó como se esperaba.
GOBIERNOS QUE PROMETIERON, PERO NO CUMPLIERON
El gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), se comprometió a aportar USD 10 millones al acueducto, especialmente en beneficio de comunidades indígenas, promesa que nunca se concretó. La autoridad encargada de ejecutar la obra, DARSAN (dependiente del MOPC), fue señalada como incompetente durante todo el proceso.
En 2010 se promulgó la Ley N° 4.270, “Acueductos para el Chaco Paraguayo”, que luego fue vetada por el propio Fernando Lugo en enero de 2011, dejando en evidencia contradicciones internas dentro del Ejecutivo.
La obra tuvo su “palada inicial” recién en noviembre de 2012, durante la presidencia de Federico Franco (quien reemplazó a Lugo, tras su destitución vía juicio político) y se volvió a legislar sobre ella con la Ley N° 4.814, en diciembre de ese año. Sin embargo, los avances fueron escasos.
EJECUCIONES FALLIDAS Y ENTREGAS SIMBÓLICAS
Durante el mandato de Horacio Cartes (2013–2018), se modificó el proyecto sin estudios técnicos validados. Posteriormente, el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018–2022) concluyó las obras con múltiples deficiencias. El 31 de agosto de 2020 se realizó la inauguración del trazado entre Puerto Casado y Loma Plata, aunque este no funcionaba. Lo mismo ocurrió con el ramal hacia Mariscal Estigarribia, inaugurado simbólicamente el 13 de agosto de 2022, sin estar operativo.
Uno de los aspectos más criticados fue la transferencia de la administración del sistema a la ESSAP, una empresa pública que, según denuncias locales, no cuenta con la experiencia ni la capacidad técnica para gestionar un sistema de esta envergadura.
El caso del acueducto del Chaco revela un patrón de irresponsabilidad institucional y falta de continuidad en las políticas públicas. A más de 30 años de la primera promesa formal, el Chaco Central sigue esperando acceso seguro y eficiente al agua potable. Las comunidades afectadas, tanto urbanas como indígenas, siguen dependiendo de soluciones precarias ante una necesidad básica no atendida.
MÁS USD 100 MILLONES “ENTERRADOS” EN EL SUELO CHAQUEÑO
Cabe indicar que el acueducto finalmente nunca funcionó como estaba previsto, a pesar de haberle costado al país más de USD 100 millones. Hoy funciona precariamente en muchísimo menos de la capacidad proyectada, y nadie puede asegurar que va a tener continuidad en el tiempo. Además, ninguno de los responsables del proyecto ha sido investigado ni mucho menos imputado, incluyendo a las empresas “fiscalizadoras”, que cobraron sin haber hecho el trabajo de control.
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