Según explicó en RCC Radio, el caso gira en torno a una deuda reclamada al INDERT por unos USD 15 millones, que se pretendía saldar mediante un acuerdo de permuta de tierras estratégicas ubicadas sobre la ruta bioceánica, lo que habría generado una pérdida potencial de hasta USD 3.500 millones para el patrimonio institucional.
Ruiz Díaz sostuvo que, a diferencia de lo que se plantea desde algunos sectores, las tierras del corredor bioceánico deben quedar en manos de corporaciones, pero no a precios irrisorios ni bajo esquemas irregulares. “Deben quedar en manos de corporaciones, sí, pero no a ese precio”, afirmó.
Indicó que la construcción de la bioceánica —y eventualmente de la Ruta 16— genera una plusvalía extraordinaria, que ya no permite tratar esas tierras bajo criterios tradicionales del Estatuto Agrario. “Tenemos que capturar esa plusvalía en beneficio del patrimonio institucional”, subrayó.
UN ACUERDO DE PERMUTA CON UN TÍTULO PRESUNTAMENTE FALSO
El titular del INDERT explicó que el esquema denunciado se articuló a través de una suerte de “inmobiliaria”, que proponía al INDERT entregar lotes sobre la bioceánica a cambio de un título de propiedad ubicado en Itakyry, supuestamente invadido por campesinos.
Este acuerdo de permuta —firmado entre particulares y el INDERT— fue suspendido por orden de Ruiz Díaz en febrero de 2024, tras detectarse posibles irregularidades. Posteriormente, una investigación en Registros Públicos reveló que el título entregado como garantía estaba denunciado por falsificación, lo que lo convierte en presumiblemente falso. “¿Cómo vamos a entregar tierras de la bioceánica para cancelar una deuda millonaria sobre la base de un título falso?”, cuestionó.
NUEVAS EVIDENCIAS DE UN “NEGOCIO” MILLONARIO A COSTA DEL ESTADO
Ruiz Díaz detalló que, bajo este esquema, el INDERT habría reconocido transferencias fuera del Estatuto Agrario, permitiendo escrituras públicas, mientras la deuda se iba descontando a USD 85 por hectárea, para luego revender esas mismas tierras hasta a USD 20.000 por hectárea. “El daño patrimonial iba a ser de USD 3.500 millones. Se iban a entregar 175.000 hectáreas para saldar una deuda de USD 15 millones”, denunció.
El presidente del INDERT adelantó que en los próximos días se ampliará la denuncia, ya que surgieron nuevas evidencias contundentes, entre ellas grabaciones donde campesinos de Itakyry advertían a la entonces presidenta del INDERT que el título era falso, pese a lo cual el acuerdo avanzó.
Incluso, señaló que se pagaron cerca de G. 2.000 millones en concepto de impuestos y gastos de transferencia por ese título, pese a que su registro estaba bloqueado, lo que ya constituye un daño patrimonial consumado. “Tenemos toda la documentación respaldatoria, incluida la del sistema contable del Ministerio de Economía, y será remitida a la Fiscalía”, aseguró.
Finalmente, Ruiz Díaz enfatizó que el caso no solo implica un intento de estafa, sino posibles delitos como prevaricato, por haber avanzado con el acuerdo a pesar de conocer las irregularidades.
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