Durante una reunión interinstitucional, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, y el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, acompañados por el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, y equipos técnicos de ambas carteras, analizaron líneas de acción para mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud, especialmente en los casos que requieren atenciones de mayor complejidad.
El trabajo coordinado apunta a optimizar la organización de los servicios sanitarios dentro de los establecimientos penitenciarios, fortalecer la respuesta ante urgencias médicas, mejorar el abordaje de patologías prevalentes —incluidos los trastornos de salud mental— y reducir las derivaciones externas, garantizando al mismo tiempo las condiciones de seguridad correspondientes.
Las autoridades coincidieron en que la salud integral de las personas privadas de libertad constituye un eje fundamental para avanzar hacia un sistema penitenciario más digno, seguro y orientado a la rehabilitación, con un impacto positivo que trasciende los centros de reclusión y contribuye al fortalecimiento de la salud pública en general.
Asimismo, se subrayó la importancia de consolidar la articulación interinstitucional, establecer protocolos claros de atención y continuar el análisis técnico necesario para definir modelos sostenibles de organización y financiamiento de los servicios de salud en el ámbito penitenciario.
El encuentro contó con la participación de autoridades y equipos técnicos de ambas instituciones, quienes continuarán trabajando de manera conjunta para ajustar la propuesta y avanzar hacia un modelo de atención sanitaria centrado en las personas, con enfoque en derechos humanos y respuestas acordes a las necesidades reales del sistema penitenciario.
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