La propuesta, presentada hace más de un año, vuelve a cobrar relevancia en medio de cuestionamientos públicos sobre posibles negligencias médicas y el estado de los profesionales en funciones. Sin embargo, el propio legislador reconoce una debilidad clave: la falta de datos oficiales. “El problema es que no tenemos estadísticas. Y los datos matan el relato. Si no hay problema, los datos lo van a demostrar; y si existe, nos permitirán actuar”, sostuvo.
Según explicó, actualmente existen denuncias informales y percepciones dentro de la ciudadanía y del propio ámbito político sobre posibles casos de consumo de sustancias en el sector salud, pero sin registros sistematizados que permitan dimensionar la situación.
SALUD MENTAL Y PRESIÓN LABORAL EN LA MIRA
Fernández vinculó la iniciativa con un problema más amplio: la salud mental de los profesionales de la salud. A su criterio, la alta presión laboral, las exigencias institucionales e incluso factores políticos generan un entorno que puede derivar en el uso indebido de sustancias. “Son personas que tienen acceso a fármacos que pueden alterar el metabolismo. Bajo presión, con objetivos que cumplir, eso puede convertirse en un riesgo”, afirmó.
En ese sentido, el legislador planteó que el objetivo de la ley no es punitivo, sino preventivo. “No buscamos hacer daño ni desprestigiar al gremio médico. Queremos garantizar que los profesionales estén en condiciones óptimas para atender”, subrayó.
El proyecto apunta principalmente a detectar el uso de drogas de alta peligrosidad, como opiáceos, fentanilo y otras sustancias sintéticas, descartando del enfoque sustancias como la marihuana o el alcohol, que —según su criterio— responden a otra discusión.
DEBATE SOBRE CONTROLES Y RESISTENCIA DEL SECTOR
Uno de los puntos más polémicos gira en torno a la posible resistencia dentro del sector médico. Fernández cuestionó abiertamente la oposición a los controles: “¿Por qué temerle a un test? El que nada debe, nada teme”, expresó.
Asimismo, advirtió sobre lo que calificó como “corporativismo”, señalando que dentro del sistema podría existir encubrimiento entre colegas. “Somos un país pequeño, donde todos se conocen, y eso puede impedir que se denuncien situaciones irregulares”, afirmó.
Ante la falta de una ley vigente, el diputado propuso una alternativa: que el Ministerio de Salud implemente controles aleatorios mediante reglamentaciones administrativas, lo que permitiría generar datos en el corto plazo.
ALCANCE Y RIESGOS EN EL SISTEMA DE SALUD
El legislador también planteó que la problemática no se limita al sector público, sino que podría extenderse al ámbito privado, donde —según denuncias recibidas— existen presiones económicas y prácticas cuestionables.
En ese contexto, advirtió sobre posibles escenarios de riesgo donde profesionales con problemas de adicción continúan ejerciendo bajo condiciones irregulares, lo que podría afectar directamente la calidad de la atención médica.
Casos de presuntas negligencias, como intervenciones quirúrgicas erróneas, fueron mencionados como ejemplos de situaciones que refuerzan la necesidad de controles más estrictos.
UN ENFOQUE PREVENTIVO Y DE APOYO
Lejos de plantear una política de sanción, Fernández insistió en que la iniciativa busca también brindar apoyo a los profesionales que atraviesan situaciones de adicción. “Si alguien está en problemas, hay que ayudarle. El Estado y la sociedad deben ser una ‘piola’, un sostén, no un castigador”, expresó, al tiempo de reconocer que él mismo ha enfrentado situaciones personales vinculadas a adicciones.
El proyecto, que aún no tiene fecha de tratamiento definida, se suma a otras propuestas impulsadas por el legislador en materia de salud y políticas sociales. Mientras tanto, el debate sigue abierto: entre la necesidad de garantizar la seguridad de los pacientes y el desafío de implementar controles sin vulnerar derechos ni generar estigmatización dentro del sistema sanitario.
Dejá tu comentario