El debate legislativo se centró este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador Javier Zacarías Irún. La sesión contó con la participación de representantes del Poder Judicial, la Defensoría Pública, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y miembros de otras comisiones parlamentarias, como la de Familia, Niñez y Adolescencia.
La modificación planteada al artículo 207 de la Ley N.º 1680 contempla extender hasta 15 años la duración máxima de las medidas socioeducativas aplicables a adolescentes en conflicto con la ley. También se analizó una propuesta alternativa, impulsada por el senador José Oviedo, que proponía elevar ese límite hasta los 20 años.
Durante la sesión, diversas instituciones advirtieron sobre el riesgo de vulnerar principios constitucionales e internacionales. La jueza Pili Rodríguez, en representación de la Corte Suprema de Justicia, recordó que el sistema penal adolescente tiene un enfoque diferenciado, orientado a la reintegración y no al castigo. También señaló la necesidad de respetar estándares como las Reglas de Beijing y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que priorizan la justicia restaurativa y el análisis de la madurez psicosocial.
En la misma línea, el defensor público Raúl Bogarín recordó que el actual régimen surgió como respuesta a una sanción internacional por el caso del penal de Panchito López, y que su enfoque debe mantenerse en la protección integral de los derechos del adolescente.
Por su parte, el viceministro de Niñez, Eduardo Escobar, mencionó que casos recientes como los de María Fernanda y Alfredo motivaron el debate social. Sin embargo, sostuvo que las eventuales modificaciones deben respetar la naturaleza diferenciada del régimen penal juvenil y evitar equipararlo al sistema para adultos.
Durante el debate legislativo, también se abordó el contexto regional: países como Uruguay y Chile establecen un máximo de 10 años de privación de libertad para adolescentes, mientras que Argentina permite penas de hasta 20 años. En Paraguay, actualmente la mayoría de los adolescentes privados de libertad lo están por delitos leves; sólo un pequeño porcentaje cumple condenas por homicidio.
El senador Javier Zacarías Irún, proyectista de la modificación, señaló que el aumento de la pena no es una solución única, pero sí una herramienta para que jueces y fiscales puedan actuar con mayor margen ante casos graves. La senadora Lizarella Valiente, por su parte, pidió informes al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia sobre la efectividad del sistema penal adolescente y el acceso a profesionales de salud mental en los centros de reclusión.
Finalmente, tras un prolongado análisis, la Comisión dictaminó por la aprobación del proyecto con modificaciones. Ahora será la Cámara de Diputados la encargada de continuar el estudio de esta propuesta, que genera posturas encontradas entre sectores técnicos y políticos.
Dejá tu comentario