Plantean eliminar las “pensiones graciables” por presunto clientelismo y despilfarro

Un grupo de diputados de diferentes partidos presentó un proyecto de ley con el objetivo de abrogar la Ley Nº 4.027/2010, que regula la concesión y el aumento de las “pensiones graciables” en Paraguay.

Plantean eliminar las “pensiones graciables” por presunto clientelismo y despilfarro

Los proyectistas argumentan que este beneficio económico se ha desvirtuado sistemáticamente a lo largo de los años, convirtiéndose en una herramienta de «amiguismo», «clientelismo» y favores políticos, alejándose por completo de su propósito social original.

La propuesta legislativa contempla un único artículo para dejar sin efecto de manera inmediata la normativa vigente. De promulgarse, la ley cancelaría de forma automática las 279 pensiones graciables activas.

La iniciativa lleva las firmas del líder de la bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, y de los diputados de la oposición Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Raúl Benítez (Independiente).

EL COSTO FINANCIERO DEL BENEFICIO

De acuerdo con los datos oficiales del Listado de Pensionados Activos No Contributivos, alojados en el Portal de Reportes Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mantenimiento de este sistema representa un gasto significativo para el erario:

Erogación mensual: G. 390.566.211.

Impacto anual: G. 4.686.794.532

Asignaciones individuales: Los montos oscilan entre los G. 400.000 y los G. 3.000.000 por mes, dependiendo del beneficiario. Los proyectistas señalaron que el sistema actual genera una abierta discriminación hacia la ciudadanía en situación de vulnerabilidad que no posee conexiones con el poder político.

Mientras que un grupo selecto accede a estas asignaciones discrecionales, miles de paraguayos de la tercera edad deben someterse a los estrictos procesos de la Ley de Pensión para Adultos Mayores, percibiendo montos considerablemente menores. «Los recursos del Estado deben alcanzar a toda la población de la tercera edad y ello hace que deba evitarse favorecer indebidamente a un grupo», reza el documento de argumentación.

Si bien los legisladores reconocen que existen solicitudes con un fuerte trasfondo humanitario —como el reciente pedido para Felicita Arrúa, madre de Rodrigo Quintana, el joven dirigente asesinado por la policía en 2017—, el historial de la ley cuenta con duros cuestionamientos.

FUTURO DE LA PROPUESTA EN EL CONGRESO

El proyecto de ley acaba de iniciar su proceso administrativo en la Cámara de Diputados (tuvo entrada el martes último) y aún no cuenta con una fecha para su debate en el pleno.

A pesar de que la iniciativa cuenta con la firma del líder de la bancada oficialista, Miguel Del Puerto, esto no garantizaría el acompañamiento en bloque de Honor Colorado y, de todas maneras, el respaldo de esta mayoría parlamentaria será el factor decisivo para determinar si la propuesta avanza o es archivada.

 

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