El documento se fundamenta en normas constitucionales y en la legislación vigente que sanciona el terrorismo, la asociación terrorista y el financiamiento ilícito, entre ellas la Ley 4024/2010 y la Ley 3783/2009. También respalda la medida la adhesión de Paraguay a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y a diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen a los Estados fortalecer sus mecanismos de prevención y combate contra el extremismo violento.
Según los argumentos del decreto, ambas organizaciones reúnen los elementos que caracterizan a una red terrorista, principalmente por su estructura altamente organizada, su financiamiento mediante actividades ilegales —especialmente el narcotráfico— y el uso sistemático de la violencia armada para ejercer control territorial y económico. A ello se suma que existen evidencias verificadas de su presencia operativa dentro del territorio paraguayo, lo que incrementa los riesgos para la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional.
El Gobierno advierte que tanto el CV como el PCC han extendido sus redes desde Brasil hacia el Paraguay, involucrándose en hechos punibles como tráfico de drogas, sicariato, secuestros, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción de funcionarios. Su capacidad logística transnacional y su intento de infiltración en las comunidades fronterizas son considerados amenazas directas a la soberanía y al orden público.
La resolución se enmarca en una política firme del Ejecutivo orientada a combatir el crimen transnacional con herramientas jurídicas más contundentes. En este contexto, el Estado paraguayo ya había designado previamente como terroristas a otras organizaciones de alcance global, como Hezbolá y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), así como al Cártel de los Soles, vinculado al narcotráfico internacional.
El decreto remarca que Paraguay coopera activamente con la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo, la criminalidad organizada y el extremismo violento, con apego al Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. Dicho compromiso —se afirma— responde a la necesidad de proteger la integridad territorial, garantizar la seguridad de la población y fortalecer la cooperación con los países vecinos, especialmente Brasil y Argentina.
El Gobierno concluye que la clasificación del Comando Vermelho y el PCC como organizaciones terroristas internacionales permitirá adoptar medidas más drásticas de prevención, investigación, persecución y sanción, mediante un intercambio de inteligencia más profundo, estrategias conjuntas de seguridad y la ampliación de mecanismos para el bloqueo de sus fuentes de financiamiento.
Esta decisión se suma al conjunto de acciones emprendidas para cerrar el paso a redes criminales que operan en la Triple Frontera y otras zonas sensibles, buscando minimizar el impacto de grupos que pretenden expandir sus actividades ilícitas en el territorio nacional.
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