Aunque el convenio fue aprobado por mayoría este miércoles (por 28 de los 38 senadores presentes), el debate dejó fuertes cuestionamientos sobre algunos artículos que otorgan privilegios e inmunidades a personal y contratistas vinculados al gobierno estadounidense, lo que para algunos legisladores podría implicar concesiones excesivas en materia de jurisdicción y soberanía.
El senador opositor, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, explicó en entrevista con RCC Radio que el acuerdo con Estados Unidos tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación en seguridad, especialmente frente al avance del crimen organizado transnacional en Paraguay.
COOPERACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Según detalló el legislador, el convenio busca facilitar programas de capacitación, asistencia técnica y equipamiento para fuerzas militares y policiales paraguayas.
En la exposición de motivos del proyecto, indicó, se menciona explícitamente la amenaza de organizaciones criminales regionales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, grupos que han expandido sus operaciones en varios países de Sudamérica.
“Paraguay necesita tecnología y capacitación para enfrentar a estos grupos criminales”, sostuvo Amarilla, al señalar que gran parte de los avances logrados en el combate al crimen organizado en el país han sido posibles gracias a la cooperación con Estados Unidos.
En ese sentido, el senador afirmó que rechazar el acuerdo en su totalidad habría sido un error, ya que implicaría prescindir del apoyo de una de las potencias con mayor desarrollo en materia de seguridad y defensa.
EL PUNTO MÁS POLÉMICO: INMUNIDADES PARA CONTRATISTAS
Sin embargo, el legislador cuestionó varios artículos del convenio que —según explicó— otorgan privilegios similares a los diplomáticos a personal y empresas contratistas estadounidenses.
El acuerdo establece que el personal estadounidense podrá recibir privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a las otorgadas al personal administrativo y técnico de misiones diplomáticas, en línea con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Para Amarilla, el problema radica en que estas prerrogativas no se limitan exclusivamente a funcionarios diplomáticos, sino que podrían extenderse a contratistas privados vinculados al Departamento de Defensa. “Darle inmunidad a personas que no son parte de una misión diplomática es un abuso”, afirmó.
CONTRATOS REGIDOS POR LEYES DE EE.UU.
Otro de los puntos controvertidos del acuerdo es el artículo que permite que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos contrate empresas, equipos o servicios en Paraguay bajo las regulaciones legales estadounidenses, sin restricciones en la elección de contratistas.
Esto significa que las empresas designadas por Washington podrían operar en territorio paraguayo bajo normas jurídicas de Estados Unidos, incluso en aspectos laborales o contractuales.
Según Amarilla, esto genera una interrogante fundamental: qué ocurriría si se producen conflictos legales o laborales con ciudadanos paraguayos. “Si hay un accidente de trabajo o una violación de leyes laborales, ¿dónde se reclama? Nos dijeron que se litiga bajo leyes de Estados Unidos”, explicó.
El legislador sostuvo que los ciudadanos paraguayos no cuentan con las condiciones económicas ni logísticas para enfrentar procesos judiciales en otro país, lo que podría generar una situación de desventaja jurídica.
DEBATE SOBRE SOBERANÍA Y RECIPROCIDAD
Amarilla también cuestionó lo que considera una asimetría en el trato diplomático entre ambos países.
Recordó que uno de los principios básicos de la diplomacia internacional es la reciprocidad, es decir, que los beneficios otorgados por un Estado a otro tengan condiciones equivalentes. “Nosotros abrimos las puertas y otorgamos privilegios amplios, pero Paraguay no tiene ese mismo trato en Estados Unidos”, afirmó.
Entre las ventajas que podrían recibir los funcionarios o contratistas estadounidenses mencionó la exención de impuestos y el reconocimiento automático de licencias o registros, sin necesidad de homologación en Paraguay. Para el senador, estas concesiones reflejan un intento de congraciarse con una potencia internacional, más que una negociación equilibrada entre Estados.
MISIONES TEMPORALES Y COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
Pese a las críticas, Amarilla aclaró que el acuerdo no implica la instalación permanente de tropas estadounidenses en Paraguay. Las misiones previstas consisten principalmente en programas de entrenamiento, asesoramiento técnico y transferencia de tecnología en seguridad, que se realizarían de forma temporal y conforme a necesidades específicas.
En la práctica, el convenio busca establecer un marco jurídico estable para facilitar estas misiones, evitando la necesidad de autorizaciones especiales cada vez que personal estadounidense ingrese al país para tareas de cooperación.
EL DEBATE CONTINUARÁ EN DIPUTADOS
Tras su aprobación en el Senado, el acuerdo deberá ser analizado ahora por la Cámara de Diputados antes de su eventual ratificación definitiva. El debate promete continuar, especialmente en torno a las implicancias legales de las inmunidades concedidas y el equilibrio entre cooperación internacional y soberanía jurídica.
Mientras el Gobierno defiende el convenio como una herramienta clave para fortalecer la seguridad frente al crimen organizado, sectores críticos advierten que algunas cláusulas podrían abrir un precedente delicado en materia de jurisdicción y privilegios para actores extranjeros en territorio nacional.
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