En entrevista telefónica con RCC Radio, el viceministro Eduardo Escobar analizó la aprobación reciente por parte de la Cámara de Senadores para elevar a 15 años la pena máxima aplicable a adolescentes infractores de la ley penal. Si bien señaló que la medida puede ser válida en ciertos casos, remarcó que no constituye una solución definitiva.
“Hay que diferenciar que los adolescentes no reciben penas, sino medidas: socioeducativas, correccionales y privativas de libertad. Cada una tiene un fin distinto”, explicó Escobar.
Sostuvo que el aumento de la duración de las medidas privativas de libertad puede analizarse, pero debe reservarse para casos excepcionalmente graves. “Nosotros señalamos a los senadores que debe incluirse esa salvedad: que solo en casos de extrema gravedad se pueda llegar a los 15 años”, indicó.
Como ejemplo, citó el caso de María Fernanda, una adolescente asesinada con saña y planificación, y el crimen del líder del Estado Mayor Juvenil de San Francisco, también víctima de un hecho violento. “Estos casos rompen todos los paradigmas. Atentan directamente contra el derecho a la vida y merecen un reproche mayor”, subrayó.
Escobar insistió en que el sistema debe mantener su esencia socioeducativa, pero también debe estar preparado para actuar con firmeza en los casos más graves. “La sanción más severa debe ser la excepción, no la regla”, concluyó.
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