El propósito de la propuesta es garantizar la sostenibilidad del sistema previsional paraguayo hasta el año 2100, mediante una serie de reformas estructurales orientadas a fortalecer los ingresos, proteger las reservas y blindar institucionalmente a la previsional.
La iniciativa se sustenta en cinco pilares estratégicos, aunque sus impulsores destacan que el más importante para asegurar la permanencia de los cambios es el denominado “Pilar 5: Gobernanza y Blindaje Institucional”, concebido como la base para evitar que futuras decisiones políticas comprometan nuevamente la estabilidad financiera del IPS.
UNA REFORMA PARA CORREGIR DÉCADAS DE DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Según el documento presentado, el IPS arrastra problemas históricos relacionados con procesos fragmentados, alta rotación de autoridades, discrecionalidad en las inversiones, gobernanza politizada y ausencia de indicadores de desempeño.
Ante este escenario, la UIP propone una profunda modernización institucional inspirada en estándares internacionales aplicados en fondos soberanos y sistemas previsionales considerados exitosos. Entre las principales medidas figura la conformación de un directorio técnico integrado por profesionales especializados, con requisitos de idoneidad, períodos de gestión definidos y “causales claras de remoción”.
Asimismo, se plantea una separación estricta entre las decisiones de carácter político y aquellas vinculadas a criterios actuariales y financieros, con el objetivo de proteger los recursos previsionales de intereses coyunturales. La propuesta también contempla la adopción obligatoria de “códigos de ética y declaraciones de conflictos de interés” para quienes administren los recursos de la previsional.
INVERSIONES BAJO CONTROL TÉCNICO Y AUDITORÍAS INTERNACIONALES
Uno de los puntos centrales del plan apunta a reformar completamente el modelo de inversión de las reservas del IPS. Para ello se propone la creación de un Comité de Inversiones independiente, integrado por profesionales certificados y especializados en administración de fondos.
Además, se plantea la implementación de políticas de inversión formalmente establecidas, con límites de riesgo, objetivos definidos y mecanismos permanentes de evaluación de resultados.
El esquema incorpora auditorías externas obligatorias, públicas y anuales, ajustadas a estándares internacionales como las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y los lineamientos de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
TRANSPARENCIA TOTAL Y ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
La propuesta establece un sistema de “transparencia radical”, mediante el cual el IPS deberá publicar mensualmente información clave sobre su situación financiera. Entre los datos que deberían estar disponibles figuran la posición financiera de la institución, el estado de las reservas, la ejecución presupuestaria, la composición del portafolio de inversiones y las proyecciones actuariales actualizadas.
Igualmente, se plantea la creación de un tablero digital de control accesible para toda la ciudadanía, donde puedan visualizarse indicadores de desempeño y la evolución de los principales parámetros financieros del sistema.
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN POR RESULTADOS
Otro componente del Pilar 5 consiste en una transformación digital integral de los procesos internos del IPS. La iniciativa propone informatizar completamente áreas como recaudación, afiliación, compras públicas, auditorías médicas y gestión de prestaciones.
También establece indicadores obligatorios de productividad para todas las gerencias, con metas medibles y seguimiento permanente. En materia de atención médica, se plantea reducir tiempos de espera y mejorar los controles mediante sistemas de trazabilidad digital y auditorías inteligentes.
COMPRAS PÚBLICAS CON MAYORES CONTROLES
La UIP también propone blindar el sistema de contrataciones mediante licitaciones electrónicas, subastas a la baja y mecanismos tecnológicos de trazabilidad que permitan detectar posibles prácticas de colusión.
Además, se sugiere incorporar mecanismos de auditoría ciudadana para las adquisiciones de alto impacto económico, especialmente en áreas sensibles como medicamentos, equipamientos e infraestructura.
BLINDAJE LEGAL PARA PRESERVAR LAS REFORMAS
La propuesta contempla la creación de un marco legal que impida revertir medidas destinadas a fortalecer la sostenibilidad financiera del IPS sin estudios técnicos previos.
En ese sentido, se plantea que cualquier modificación relacionada con el Fondo Perpetuo, la formalización de aportantes o las políticas previsionales requiera dictámenes actuariales obligatorios y una mayoría calificada en el Congreso Nacional.
Asimismo, se propone que las actualizaciones actuariales se realicen cada dos años para anticipar posibles desequilibrios y adoptar medidas correctivas antes de que la situación se vuelva irreversible.
RIESGO DE QUIEBRE EN 2046
El estudio advierte que, en un escenario sin reformas, el IPS enfrentaría un quiebre técnico total en el año 2046. Según la proyección, el déficit operativo actual terminaría consumiendo primero las rentas y posteriormente el patrimonio institucional, comprometiendo la capacidad de respuesta del sistema para las futuras generaciones de asegurados.
Por el contrario, la aplicación conjunta de los cinco pilares permitiría reencauzar la previsional hacia una senda de sostenibilidad de largo plazo, preservando la solvencia patrimonial y garantizando la cobertura previsional durante todo el horizonte de análisis, proyectado hasta el año 2100.
PRÓXIMOS PASOS
Entre las medidas inmediatas planteadas por la UIP figura el reconocimiento de la deuda histórica del Estado con el IPS, estimada en 668 millones de dólares, mediante la emisión de un bono perpetuo con una tasa del 5%.
También propone incorporar al Presupuesto General de la Nación 2027 el aporte estatal del 1,5% destinado a fortalecer el Fondo Perpetuo. Otra medida consiste en aplicar un aporte del 12,5% sobre el aguinaldo —4% a cargo del trabajador y 8,5% del empleador— para financiar el Beneficio Adicional Anual (BAA).
Finalmente, la UIP insiste en la necesidad de aprobar un blindaje legal que proteja los fondos acumulados hasta 2046, mientras avanzan reformas estructurales vinculadas a la formalización laboral, la industrialización y la profesionalización de la gestión institucional.
Los impulsores del proyecto sostienen que la combinación de estas medidas permitiría transformar al IPS en una institución financieramente sólida, técnicamente administrada y menos vulnerable a las decisiones políticas de corto plazo.
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