La necesidad de transformar la institucionalidad del sector eléctrico y acelerar las inversiones para garantizar el crecimiento económico fue el principal punto de coincidencia durante la reunión de la Mesa Energética, encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, con representantes del sector privado, especialistas, ingenieros y referentes vinculados al ámbito energético.
Durante el encuentro fueron presentados dos proyectos de ley impulsados por el Gobierno, que serán analizados por los distintos sectores como parte de un proceso de construcción de consensos sobre el futuro del sistema eléctrico paraguayo.
Rubén Jacks, presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), señaló que Paraguay atraviesa un momento de grandes oportunidades para la inversión, pero identificó a la energía como uno de los principales cuellos de botella para la llegada de capital extranjero y el crecimiento de las industrias nacionales.
A su criterio, el país necesita avanzar seriamente en una reforma institucional, principalmente mediante la creación de un ente regulador y un Ministerio de Energía. Según sostuvo, representantes de organismos multilaterales que participaron de la reunión también remarcaron que, sin una arquitectura institucional adecuada, será difícil movilizar nuevos recursos para el sector.
RECLAMAN REGLAS CLARAS PARA ATRAER INVERSIONES
Desde la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), Eduardo Viedma calificó el encuentro como un “puntapié inicial” largamente necesario y sostuvo que el sector eléctrico requiere la atención de toda la sociedad.
Señaló que las nuevas propuestas legislativas deben contribuir a dotar de previsibilidad a la generación, transmisión y distribución de energía, y comprometió la colaboración del sector privado en el análisis de los proyectos.
A su turno, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, destacó la importancia de construir consensos a partir de la diversidad de opiniones y sostuvo que el crecimiento de Paraguay obliga a contar con una estructura energética confiable.
Duarte afirmó que se requieren inversiones públicas y privadas, pero que estas solo llegarán si existen seguridad jurídica, condiciones tarifarias y reglas claras. En ese sentido, planteó la necesidad de evitar que determinados sectores sean simultáneamente “juez y parte”.
El titular de la UIP respaldó además la creación de un Ministerio de Minas y Energía y de un organismo regulador como primeros componentes de una estructura destinada a avanzar hacia un mercado eléctrico más abierto y competitivo.
ADVIERTEN QUE EL TIEMPO APREMIA
Duarte puso especial énfasis en la urgencia de iniciar nuevas inversiones, particularmente en generación eléctrica, debido a que los años 2030 y 2031 están cada vez más cerca y los plazos de entrega de determinados equipamientos pueden dificultar una respuesta rápida a las necesidades futuras.
En la misma línea, la especialista en energía Cecilia Llamosas sostuvo que el problema energético paraguayo no es fundamentalmente técnico, sino que está relacionado con aspectos jurídicos y de gobernanza.
Estimó que durante los próximos 13 a 15 años será necesario invertir cerca de USD 11.000 millones en el sector y consideró prioritario generar las condiciones para que ese capital pueda ingresar al país y dirigirse a las áreas que más lo necesitan.
También planteó la necesidad de fortalecer a la ANDE y dotarla de mayores herramientas para ejecutar planes de expansión de gran magnitud.
El ingeniero Fabián Cáceres coincidió en que una de las prioridades inmediatas debe ser la incorporación de nuevas fuentes de generación, además de abordar la situación financiera de la ANDE y las reservas energéticas.
Calificó la reunión como un posible “hito histórico” para el sector eléctrico, al destacar que representantes privados, independientes y especialistas pudieron plantear sus posiciones directamente al presidente de la República.
APERTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO
El exdiputado Sebastián Acha sostuvo que el proceso debe permitir superar dos posiciones que, según afirmó, han paralizado al país: considerar que “todo lo que se hizo estuvo mal” o asumir que “nada de lo que se va a hacer puede cambiar”.
Acha consideró que existen más posibilidades de consenso que de disenso y vinculó el crecimiento futuro del Paraguay con la apertura del mercado eléctrico a las inversiones privadas.
Como referencia, mencionó que desde la apertura del mercado de telecomunicaciones y la creación de Conatel se habrían movilizado más de USD 6.500 millones en inversiones, y planteó que el sector energético podría atraer recursos de una magnitud significativa si cuenta con un regulador que funcione adecuadamente.
Desde el Centro Paraguayo de Ingenieros, Amílcar Troche calificó de fundamental el fortalecimiento institucional para captar capital y tecnología internacional. Sostuvo que Paraguay atraviesa una etapa importante de desarrollo y que la energía constituye un factor clave para sostener ese ritmo.
UN CAMBIO ESTRUCTURAL DESPUÉS DE 62 AÑOS
Uno de los planteamientos más enfáticos estuvo a cargo de Guillermo López Flores, quien consideró la reunión como un posible punto de inflexión para el sector energético paraguayo.
Con 55 años de trayectoria profesional, sostuvo que históricamente el sector estuvo manejado principalmente desde el poder público y que la sociedad civil no había tenido un espacio similar de participación en la formulación de políticas.
López Flores señaló que, después de 62 años bajo la Ley N.º 966, la propuesta actual representa el primer intento de cambio estructural de importancia en el mercado eléctrico paraguayo.
Advirtió que una reforma de esta naturaleza será compleja debido a los intereses involucrados y que inevitablemente habrá sectores que ganen y otros que pierdan, pero consideró indispensable iniciar el proceso. “Se avanza pasito a paso. No hay pausa para el perfeccionamiento continuo”, resumió.
CONSTRUIR UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD ENERGÉTICA
Los diferentes representantes coincidieron en que Paraguay necesita aprovechar su actual crecimiento económico para anticiparse a las necesidades de energía y evitar que las limitaciones del sistema se conviertan en un freno para la industria y las nuevas inversiones.
El debate abierto por el Gobierno contempla la participación del sector privado, especialistas, academia y otros actores, con el objetivo de analizar los proyectos de ley y definir una hoja de ruta para una nueva institucionalidad energética.
El desafío central es establecer reglas previsibles, fortalecer las instituciones, atraer inversiones y ampliar la capacidad de generación, transmisión y distribución, de modo que la energía acompañe el crecimiento económico que experimenta el país.
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