En el complejo tablero de la legislación paraguaya, pocas veces un proyecto de ley «con fines nobles» había generado una reacción tan contundente de sospecha por parte de juristas y especialistas en derechos civiles.
La propuesta de restringir y regular el acceso de adolescentes a dispositivos móviles y redes sociales ha encendido un debate que va mucho más allá de la seguridad cibernética: se trata de una lucha por el control de la patria potestad y la intimidad familiar.
La Dra. Dannia Ríos, abogada y referente en la defensa de los derechos de la familia, ha sido una de las voces más críticas tras un riguroso análisis técnico realizado junto a expertos informáticos.
Según Ríos, el proyecto de ley es un «Caballo de Troya», una metáfora que describe perfectamente una normativa que se presenta como un “regalo protector” para los niños, pero que en su interior esconde mecanismos de control estatal excesivos.
EL ATROPELLO A LA ARQUITECTURA CONSTITUCIONAL
El argumento central de la Dra. Ríos reside en que la Constitución Nacional del Paraguay es clara en cuanto a la jerarquía de protección. Los artículos 49, 54 y 55 establecen que la familia es el fundamento de la sociedad y que los padres son los primeros y principales garantes del desarrollo de sus hijos.
«Esta ley no solo desplaza el rol supervisor de los padres, sino que socava el artículo 33, que declara la inviolabilidad de la intimidad familiar, y el artículo 36, sobre el patrimonio documental y las comunicaciones privadas», explicó la profesional.
Según su visión, el Estado está intentando saltar por encima de estos preceptos para instaurar un «Estado policíaco de vigilancia» donde el Gobierno tiene la última palabra sobre lo que sucede dentro de una habitación privada entre un padre y su hijo.
LA UNIDAD «ONLINE»: EL FILTRO DEL PENSAMIENTO
Uno de los puntos más inquietantes del análisis es la creación de una instancia administrativa denominada unidad «Online». Esta oficina estaría conformada exclusivamente por representantes de entes gubernamentales como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el Mitic y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Lo grave, según Ríos, es la ausencia absoluta de representación de los padres. «Esta instancia será la que disponga qué contenido es dañino y qué no. Queda a cargo de la autoridad de turno decidir qué información puede circular, sin que los padres tengan voz ni voto en esa mesa de decisión», advirtió.
Esto abre la puerta a una discrecionalidad peligrosa donde el criterio de «daño» podría ser utilizado con fines ideológicos o políticos.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA FALTA DE TECNOLOGÍA
Quizás el aspecto más radical del proyecto es su enfoque punitivo. La ley no se limita a sugerir el uso de herramientas de control parental; pretende obligar a su instalación bajo amenaza de cárcel.
Ríos alertó que la normativa prevé sanciones penales para aquellos padres que, por desconocimiento, olvido o imposibilidad técnica, no instalen estos filtros en los dispositivos del hogar. «Se está caminando directamente hacia una ley punitiva. Si no instalaste la herramienta, vas a ser procesado por violación del deber de cuidado», denunció.
Desde la técnica jurídica, esto representa un error conceptual grave: el derecho penal debe ser la última ratio (el último recurso), aplicado solo cuando todas las políticas públicas preventivas han fracasado.
En este caso, el Estado paraguayo estaría saltando directamente al castigo sin haber implementado antes campañas masivas de educación digital o promoción de la paternidad responsable.
LA PROPUESTA ALTERNATIVA: EDUCACIÓN SOBRE IMPOSICIÓN
Frente a este escenario, la Dra. Ríos y su equipo han presentado un dictamen técnico y una propuesta alternativa ante los legisladores. El planteamiento es virar el enfoque de una ley sancionatoria hacia una política pública de educación.
«El Estado debe cumplir con el artículo 55 de la Constitución y promover la maternidad y paternidad responsable. Esto se logra con campañas, con el Ministerio de Educación involucrado, y poniendo las herramientas tecnológicas a disposición de los padres de forma voluntaria, no bajo el yugo de una sanción penal», concluyó.
El debate en el Congreso continúa, pero la advertencia ya está sobre la mesa: en el afán de proteger a los niños de los peligros de internet, el país corre el riesgo de sacrificar la libertad y la privacidad de todas las familias paraguayas.
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