Al respecto, el secretario de Estado manifestó una abierta indiferencia hacia la presión externa o los comentarios de organismos como Naciones Unidas en Ginebra sobre este tema. «Mira, a mí este tipo de situaciones o de comentarios de los organismos internacionales realmente me tienen sin cuidado cuando se trata de esto,» afirmó el titular del MINNA, subrayando la «línea muy definida» que mantiene el Gobierno.
El funcionario incluso recordó su experiencia personal al defender la postura de Paraguay sobre estos temas ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, reafirmando su ratificación en que las parejas homosexuales no pueden adoptar bajo la legislación actual.
EL DILEMA LEGAL DE LA IRREVOCABILIDAD
El centro de la discusión se centró en el principio de irrevocabilidad de la adopción, que impide anular la decisión judicial una vez transcurrido el plazo legal (generalmente tres años). El planteamiento surgió de un escenario hipotético: una persona soltera que oculta intencionalmente su condición o futuras intenciones (calificadas como «vicios ocultos») durante el proceso de evaluación, para luego declarar su pareja o condición homosexual una vez que la adopción es inamovible.
El ministro reconoció la gravedad de esta posible situación: «Pueden tener lugar (estos hechos), porque esta gente es especialista en ocultar este tipo de situaciones». Sin embargo, descartó que los equipos técnicos previos puedan predecir el futuro o descubrir intenciones ocultas, admitiendo que no pueden tener un «detector de closets».
EXIGENCIA DE UN «BLINDAJE» EXPRESO EN LA NORMA
Ante este riesgo, el ministro fue categórico al exigir una reforma que sirva como «blindaje» legal. Coincidió en que es necesario crear una excepción a la regla de la irrevocabilidad cuando se compruebe la existencia de hechos ocultados que surgen posteriormente, y que puedan afectar la idoneidad del adoptante bajo la óptica de la ley.
En conclusión, si bien el ministro se mantiene imperturbable ante la orientación sexual sobreviniente de un adoptante individual, sí busca asegurar al 100% la protección del menor. Su enfoque es que el Estado debe tener la herramienta legal para revertir la adopción si hubo un engaño deliberado durante el proceso de selección, reforzando la línea de que el sistema de adopciones en Paraguay prioriza el modelo de familia tradicional.
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