La reunión del CNEP convocó a titulares de nueve compañías estatales para evaluar su situación financiera y definir líneas de trabajo conjuntas. Peña pidió expresamente que todas las empresas públicas trabajen para fortalecerse (mutuamente), mejorar sus servicios y “profesionalizar” su gestión, subrayando que su administración apostará por modernizarlas, no por venderlas.
El viceministro de Economía y Planificación, Felipe Gorostiaga, explicó que el CNEP —creado por ley hace más de una década— tiene la misión de supervisar la gestión de las empresas públicas y coordinar acciones entre ellas. Durante el encuentro se presentaron los estados financieros actuales, los principales desafíos y los pasos urgentes para mejorar la situación de corto y mediano plazo.
Dijo que el presidente insistió en que las compañías estatales no deben actuar de forma aislada, sino encontrar soluciones coordinadas para optimizar recursos, enfrentar deudas y elevar la calidad del servicio público. La instrucción central fue integrar una mesa de trabajo conjunta, con la participación de los presidentes de cada ente, para conciliar pasivos internos, planificar estrategias comerciales y garantizar una administración más eficiente.
Por su lado, la directora general de Empresas Públicas, quien también actúa como secretaria ejecutiva del CNEP, señaló que la prioridad es que las instituciones brinden bienes y servicios de calidad, por lo que deberán presentar planes de acción que luego serán remitidos nuevamente al Ejecutivo para su validación.
DEUDAS MUTUAS Y CASO COPACO Y FEPASA
En cuanto a entidades en situación crítica, como Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), se confirmó que se evalúan alternativas que incluyan la participación del sector privado, siempre dentro del marco de no privatización indicado por el presidente. Para la paralizada empresa de ferrocarriles (FEPASA), una de las prioridades es el proyecto de tren de cercanía.
Respecto a las deudas entre empresas públicas y organismos del Estado, la instrucción presidencial es establecer mecanismos de compensación y planes de pago. Se trabaja en esquemas que permitan saldar obligaciones en un plazo máximo de 60 meses, siguiendo lineamientos ya incorporados en el Presupuesto General de la Nación y en su reglamentación.
El Gobierno busca así encaminar una estrategia integral para ordenar las cuentas, mejorar la prestación de servicios y asegurar que las empresas públicas cumplan su rol sin recurrir a privatizaciones, aunque con la posibilidad de sumar inversión privada en proyectos específicos.
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