La ceremonia se realizó en la explanada del Palacio de López, con la presencia del vicepresidente Pedro Alliana, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, autoridades nacionales, gobernadores, intendentes y familias beneficiarias.
Uno de los momentos más significativos fue la entrega de títulos a cinco mujeres de Santa Lucía. Entre ellas estuvo María de la Cruz Díaz, viuda de Torres, quien perdió a su esposo durante un conflicto por la tenencia de esas tierras. La recepción del documento representó un paso importante después de años de incertidumbre sobre la propiedad.
RESPUESTA A ANTIGUOS RECLAMOS AGRARIOS
Durante su intervención, Peña recordó los prolongados procesos de regularización en comunidades como Marina Cué, Barbero Cué y Santa Teresita, cuyos pobladores atravesaron años de reclamos y conflictos relacionados con la tenencia de tierras.
Al referirse a Marina Cué, el mandatario evocó el sufrimiento de sus habitantes y destacó el significado de contar finalmente con una respuesta a sus demandas. En ese contexto, expresó que, con la titulación, las familias pueden mirar el futuro con mayor tranquilidad, porque «algo de la patria les pertenece también a ellos».
La regularización permite que los beneficiarios cuenten con documentación legal sobre sus propiedades, fortalezcan su arraigo y dispongan de mayores herramientas para planificar el futuro de sus familias.
EL TÍTULO COMO HERRAMIENTA PARA PRODUCIR Y CRECER
Peña sostuvo que la entrega del documento no debe representar el final del proceso, sino el inicio de una etapa orientada al desarrollo económico de las familias rurales.
«Cuando el campesino tiene el título, el progreso se acelera», afirmó el presidente, al señalar que la seguridad jurídica puede facilitar el acceso al crédito, la inversión productiva y la asistencia técnica.
Entre las herramientas mencionadas figuran las líneas de financiamiento del Crédito Agrícola de Habilitación y del Banco Nacional de Fomento, el acompañamiento técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería y las oportunidades comerciales vinculadas al programa de alimentación escolar Hambre Cero.
El objetivo, según el planteamiento del Ejecutivo, es que las familias no solo accedan legalmente a sus tierras, sino que también puedan aprovecharlas para aumentar la producción, mejorar sus ingresos y generar mejores condiciones de vida.
INDERT BUSCA ACELERAR LA REGULARIZACIÓN
Por su parte, el titular del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, destacó que la política de titulación busca articular la regularización de la propiedad con oportunidades de desarrollo productivo.
La institución impulsa el sistema de Barrido Predial Masivo, una metodología que permite relevar y verificar información sobre los inmuebles para agilizar los procedimientos de regularización y avanzar en la resolución de expedientes pendientes.
Estas acciones forman parte de la política de Nueva Ruralidad, que plantea integrar el acceso a la tierra con herramientas de producción, asistencia técnica y mejores oportunidades para las comunidades campesinas.
Al cerrar su intervención, Peña sostuvo que la gestión debe evaluarse también por las necesidades que siguen pendientes. «Hoy lo que cuenta es cuánto nos falta todavía», expresó, al reafirmar el compromiso de continuar con la regularización de tierras y ampliar el alcance de las titulaciones.
La jornada incluyó testimonios de beneficiarios que relataron lo que significa recibir los documentos después de años de espera. El desafío para las instituciones será mantener el ritmo de regularización y lograr que la seguridad jurídica se traduzca en mejores condiciones de producción y bienestar para las familias rurales.
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