La implementación de mecanismos electrónicos para controlar el cumplimiento de las frecuencias del transporte público constituye un paso fundamental para mejorar el servicio y garantizar que las empresas cumplan con las obligaciones asumidas con el Estado. Así lo afirmó Mauricio Maluff, representante de la organización Opama, durante una entrevista con RCC Radio.
Maluf recordó que, desde la creación de Opama en 2023, la organización viene reclamando que la fiscalización de las denominadas «reguladas» se realice mediante el sistema GPS con el que ya cuentan todas las unidades del transporte público.
Explicó que, durante años, el control se realizaba de forma presencial, con funcionarios del entonces Viceministerio de Transporte que debían trasladarse hasta las paradas para medir con cronómetro el tiempo de salida de los buses, un procedimiento que calificó de obsoleto e ineficiente.
«El Estado ya tenía acceso al GPS de todos los colectivos, pero para aplicar una multa un funcionario debía ir personalmente a controlar las frecuencias. Era un sistema completamente arcaico», sostuvo.
Según indicó, con la utilización de controles electrónicos ahora resulta posible verificar automáticamente si las empresas cumplen con la frecuencia establecida en sus contratos, lo que permitirá aplicar sanciones de manera más efectiva a quienes incumplan el servicio.
UN SISTEMA QUE NECESITA MODERNIZARSE
Maluff consideró que gran parte de los problemas del transporte público obedecen a un modelo de operación diseñado hace varias décadas y que ya no responde a la realidad del área metropolitana.
Explicó que muchas líneas fueron creadas en los años 80, mientras que la población se desplazó y creció hacia ciudades como San Lorenzo y Luque, sin que el sistema haya evolucionado al mismo ritmo.
Además, cuestionó el elevado número de empresas que operan actualmente el servicio. «En el área metropolitana tenemos alrededor de 35 empresas para atender a poco más de dos millones de habitantes. En comparación, una ciudad como São Paulo, con una población varias veces superior, opera su sistema con apenas cinco empresas», ejemplificó.
A su criterio, muchas de las empresas nunca lograrán ser rentables ni tendrán capacidad para reinvertir en la renovación de sus flotas, por lo que consideró que el Estado debe establecer estándares estrictos de calidad y permitir que aquellas que no puedan cumplirlos abandonen el sistema.
«No podemos seguir diseñando el sistema para que sobreviva la peor empresa. Debemos garantizar un transporte eficiente para los ciudadanos, no sostener operadores que no pueden prestar un servicio adecuado», afirmó.
MÁS CONTROL Y MAYOR COMPETENCIA
El representante de Opama sostuvo que el actual esquema genera monopolios sobre determinadas líneas, impidiendo que otras empresas puedan competir y ofrecer un mejor servicio. En ese sentido, defendió la necesidad de que el Estado establezca estándares de calidad y retire las concesiones a quienes incumplan reiteradamente sus obligaciones.
También comparó esta situación con el proceso de acreditación de carreras universitarias, señalando que, así como las instituciones educativas deben demostrar calidad para seguir operando, las empresas de transporte también deberían acreditar que están en condiciones de prestar un servicio eficiente.
AVANCES, PERO AÚN SIN CAMBIOS VISIBLES
Consultado sobre la evolución del transporte público desde la creación de Opama, Maluff reconoció que el tema ha ganado prioridad en la agenda del Gobierno, algo que, según dijo, no ocurría en administraciones anteriores.
No obstante, advirtió que los usuarios todavía no perciben una transformación significativa en las calles. «Se ha instalado el debate y existe una propuesta de reforma, pero ahora hay que ver los resultados concretos. La ciudadanía debe seguir de cerca el proceso de licitación y exigir que las promesas se traduzcan en un mejor servicio», expresó.
Finalmente, instó a los usuarios a mantenerse organizados y vigilantes, afirmando que la participación ciudadana será clave para impulsar la modernización del transporte público.
«El transporte público puede mejorar, pero eso también depende de que los ciudadanos exijamos el servicio que merecemos. Si no reclamamos, todo seguirá igual», concluyó.
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