El Centro Cultural Manzana de la Rivera, dependiente de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, será sede de un homenaje a Yahaira López, activista trans y referente del movimiento LGBTIQ+ en Paraguay, como parte del 9° Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos.
El evento incluye la proyección de obras audiovisuales con enfoque en diversidad de género, y es presentado como un reconocimiento a la figura de López por su papel en la “resistencia, dignidad y transformación social”. Sin embargo, este acto —que cuenta con respaldo oficial— ha desatado una legítima preocupación entre ciudadanos que ven en esta actividad un mensaje institucional incompatible con los valores provida y profamilia que el gobierno municipal dice representar.
¿Cómo puede una administración que proclama públicamente su defensa de la vida y de la familia tradicional permitir y facilitar un evento que promueve postulados ideológicos diametralmente opuestos? Esta incongruencia no solo desconcierta, sino que plantea dudas serias sobre la autenticidad de ese compromiso.
Los espacios públicos deben reflejar la identidad y los valores de la nación. En el caso de nuestro país, la Constitución reconoce la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la protección de la vida desde la concepción. Por tanto, utilizar una institución cultural municipal para rendir homenaje a un activismo que promueve una agenda contraria a esos principios no puede verse como un simple gesto de inclusión, sino como una renuncia institucional a su propio fundamento.
Este tipo de decisiones abren la puerta a una ideología que se infiltra bajo el discurso de los derechos humanos y la diversidad, pero que en la práctica opera como una estrategia para relativizar los valores.
El problema no radica únicamente en el contenido del evento, sino en el aval que se le otorga desde el aparato estatal. No se trata de censura ni de intolerancia, sino de coherencia. Si el gobierno sostiene un compromiso con la vida y la familia, no puede al mismo tiempo legitimar espacios que promueven un modelo radicalmente distinto.
La ciudadanía tiene derecho a exigir claridad: o se defiende la vida y la familia con firmeza, o se admite, con honestidad, que esos principios han sido relegados en favor de una agenda ideológica ajena al sentir mayoritario del pueblo paraguayo.
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