El Ministerio de Justicia, a través del Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria, dependiente del Viceministerio de Política Criminal, organiza una capacitación intensiva destinada a directores de establecimientos penitenciarios y agentes identificados por el mencionado instituto penitenciario. La formación estará a cargo de instructores y expertos del sistema penitenciario del Brasil.
La actividad cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría Nacional de Políticas Penales (Senappen) de la República Federativa del Brasil. La apertura está prevista para lunes 23, en Ciudad del Este, y culminará el viernes 27. Participarán 30 directores de establecimientos penitenciarios y 30 agentes penitenciarios.
La capacitación tiene como objetivo potenciar a los directores y dotar de formación a los funcionarios con perfil de liderazgo para que luego puedan ellos mismos multiplicar las capacitaciones en todos los establecimientos, aspirando a que este itinerario formativo sea constante a través del plantel de formadores del Instituto Penitenciario.
Se hará énfasis en gestión penitenciaria, seguridad y procedimientos penitenciarios dentro del contexto de los estándares internacionales y administración de la población penitenciaria, control y disciplina en contexto de encierro.
Cabe señalar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la guardiana de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y sus protocolos, además de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
En Brasil, la oficina de UNODC implementa una serie de proyectos y programas relacionados con los temas del crimen organizado, el sistema de justicia y el sistema penitenciario. Entre ellos está el proyecto PRIS-COOP. Su objetivo es promover la adopción, en Brasil y Paraguay, de prácticas innovadoras e interinstitucionales para una mejor respuesta al tráfico de drogas y crimen organizado en las cárceles a nivel regional.
La actividad se encuentra financiada por el INL de los Estados Unidos de América.
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