En el programa “Conversando”, emitido por la RCC el miércoles pasado, el legislador colorado (ANR-HC) recordó que desde el año 2017, diversas entidades internacionales, como la Oficina de Asuntos de la Mujer de las Naciones Unidas, han manifestado “preocupación” por supuestos “retrocesos legislativos” que podrían reforzar “estereotipos de género” y limitar la autonomía institucional de los ministerios que velan por los derechos de sectores históricamente vulnerados.
Recordó que a estos organismos “les preocupa en particular” que la creación de un ministerio pueda “fragmentar funciones, debilitar mandatos y redistribuir fondos, en detrimento de políticas públicas de género y de protección infantil”.
Señaló que hace ocho años ya “alertaban” acerca de estos supuestos riesgos, bajo el argumento de que la reorganización institucional esconda una reasignación presupuestaria que desfavorezca los avances en igualdad y derechos.
Así como están las cosas, más allá del discurso ideológico, el verdadero eje del conflicto es económico: nadie quiere perder la posibilidad de manejar recursos del erario público. Y en política, seguir el dinero suele ser la mejor forma de entender las verdaderas prioridades, que es defender a la Familia en su conjunto.
EFICIENCIA Y EFICACIA
Cabe recordar que el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia tiene dos objetivos claros: Uno, centralizar las políticas y acciones en materias de la niñez y adolescencia, juventud y mujer; y dos suprimir gastos innecesarios y superfluos (cargos de alta dirección, gerenciales, viáticos, entre otros). “Siendo el achicamiento del Estado una imperiosa necesidad”, según argumentaron los proyectistas.
Asimismo, observa que la familia es el “núcleo de nuestra sociedad” y, por ende, representa y constituye la nucleación neurálgica del Estado paraguayo. “Textualmente nuestra ley suprema dispone: “DE LA PROTECCION A LA FAMILIA”. La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes» (CN, art. 49).
Apunta, igualmente, que mediante esta ley se brindará “plena atención” a la familia y a cada uno de sus componentes, quienes demandan una atención integral por parte del Estado: los niños y adolescentes, los jóvenes y las mujeres. Sin embargo, el presidente Santiago Peña ya ha dejado claro que la vetará, en caso de ser aprobada. De hecho, instó a los legisladores a no hacerlo.
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