Así lo explicó a RCC Radio Rosalía González, directora del área de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, quien detalló que la normativa fortalece de manera decisiva el acceso al trabajo, la educación y, por primera vez en el país, al trabajo comunitario, como herramientas efectivas para reducir condenas y preparar a las personas privadas de libertad para su retorno a la sociedad.
En el marco de la implementación de la Ley Nº 7621/2025 , el Ministerio de Justicia inició jornadas informativas en todos los centros penitenciarios del país. Estas charlas —ya realizadas en Cambyretá y Minga Guazú— buscan que los internos conozcan con claridad cómo funciona el nuevo sistema de incentivos y redención, que apunta a disminuir la ociosidad, mejorar la convivencia y reducir la reincidencia.
UN CAMBIO CLAVE EN LA EDUCACIÓN
Uno de los avances más relevantes de la nueva ley se da en el ámbito educativo. Hasta ahora, la redención por estudio dependía de complejos cálculos por horas y de planillas de asistencia que, en muchos casos, no se conservaban, lo que terminaba desalentando la formación académica.
Con la nueva normativa, cada año lectivo aprobado —en educación básica, media o universitaria— equivale directamente a tres meses de reducción de pena, sin cálculos engorrosos. Esto impacta de manera directa en una población donde más del 80% no terminó la primaria, y donde estudiar se convierte no solo en un incentivo legal, sino en un verdadero proceso de transformación personal.
“El incentivo puede empezar siendo la reducción de la pena, pero en el camino se produce un cambio de mentalidad y un verdadero interés por la educación y la cultura”, explicó González.
EMPRESAS DENTRO DE LAS CÁRCELES
En el ámbito laboral, el Ministerio de Justicia apuesta a alianzas público-privadas como eje central de su política. Actualmente, unas 230 personas privadas de libertad trabajan con cinco empresas, principalmente bajo sistemas de producción por rendimiento, lo que fomenta la responsabilidad, la disciplina y el compromiso individual.
Esta semana se sumó una nueva empresa textil, Predemax, que comenzó a instalarse en el penal de Minga Guazú, con un primer grupo de 20 trabajadores que luego se ampliará conforme avance la capacitación. Desde diciembre de 2024, el ingreso de empresas al sistema penitenciario es una política sostenida, aunque todavía insuficiente frente a una población cercana a los 18.000 internos.
“El número sigue siendo bajo. Tenemos espacios disponibles, talleres equipados y centros que responden al nuevo modelo de gestión penitenciaria. Necesitamos que más empresas se animen”, remarcó la funcionaria, quien aclaro que los trabajadores van a tener un salario a destajo (un sistema de remuneración donde se paga al trabajador una tarifa fija por cada unidad producida o tarea completada, en lugar de un salario por hora), para incentivar la eficiencia laboral.
UN LLAMADO AL SECTOR PRIVADO Y EDUCATIVO
El Ministerio de Justicia insiste en que la reinserción no puede lograrse en soledad. Para escalar el impacto de la nueva ley, se requiere la participación activa de empresarios, universidades, institutos técnicos y centros de formación, capaces de llevar capacitación, empleo y estudio a los centros penitenciarios.
La meta es ambiciosa: que, bajo el nuevo modelo penitenciario, cada módulo cuente al menos con una empresa o programa formativo activo, transformando las cárceles en espacios de aprendizaje, trabajo y devolución social.
Invertir en las penitenciarías no es solo un acto de responsabilidad social: es una apuesta concreta por la seguridad, la dignidad humana y la reducción real de la reincidencia.
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