Según los datos oficiales, la intervención, ejecutada por el Departamento de Gestión de Pérdidas Este, reveló una carga con un daño patrimonial anual estimado en G. 255.200.178, monto que deberá ser abonado por el responsable.
En ese contexto, la institución recuerda que el robo de energía es un “delito grave”, contemplado en la Ley 7300/24, que establece penas de hasta 10 años de prisión.
El procedimiento se desarrolló en el marco de un allanamiento encabezado por el fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal N.° 8, en la causa N.° 13884. Participaron también representantes del Departamento de Asistencia Jurídica de la ANDE, liderados por el abogado Diego Fernández.
Como resultado, fueron incautadas 200 máquinas procesadoras de criptoactivos, de las cuales 20 se encontraban presuntamente en funcionamiento, mientras que el resto estaba depositado en una de las habitaciones del inmueble inspeccionado.
Lucha contra el robo de energía
La ANDE reiteró su compromiso en la lucha contra las pérdidas eléctricas y el uso indebido de la energía, e instó a la ciudadanía a regularizar sus conexiones y denunciar irregularidades que pongan en riesgo la seguridad y la confiabilidad del servicio eléctrico. Los canales oficiales para denuncias son: www.ande.gov.py. APP “Mi ANDE” y WhatsApp: (0962) 160 160.
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