Durante el encuentro, las autoridades analizaron el aumento de los amparos judiciales y su incidencia en el presupuesto del IPS. Según informó Fretes, estos procesos generan actualmente una erogación superior a los G. 11.000 millones, incluyendo prestaciones y obligaciones que en muchos casos no están previstas dentro de los recursos presupuestarios de la institución.
“El objetivo de esta reunión fue recibir orientación y trabajar conjuntamente en la búsqueda de mecanismos que permitan proteger el derecho a la salud de las personas, pero también resguardar a la institución dentro de un marco legal adecuado”, señaló el titular del IPS.
Fretes destacó que la reunión permitió ir más allá de una agenda protocolar y sentar las bases para un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado, con miras a encontrar soluciones de fondo para una problemática que afecta a todo el sistema sanitario.
OBJETIVO PRINCIPAL: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Como principal resultado del encuentro, se acordó avanzar en la conformación de una mesa técnica multidisciplinaria que estudie el alcance de los amparos judiciales y formule propuestas orientadas a compatibilizar la atención de los pacientes con la sostenibilidad financiera de las instituciones de salud.
Por su parte, el director Jurídico del IPS, abogado Pablo Morínigo, explicó que la previsional cumple con sus obligaciones hacia los asegurados, pero consideró necesario definir con mayor claridad las responsabilidades de cada organismo estatal en los casos que llegan a la vía judicial.
Indicó que existen situaciones en las que se ordenan prestaciones a favor de personas cuya condición de asegurado requiere una evaluación más profunda y sostuvo que, cuando está en juego el derecho a la vida, también deben intervenir otras instituciones públicas, especialmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, responsable de garantizar la atención sanitaria a toda la población.
El presidente de la Corte Suprema expresó su respaldo a la creación de la mesa técnica, que estaría integrada por representantes del Poder Judicial, el IPS, el Ministerio de Salud Pública y universidades con hospitales universitarios.
Las autoridades coincidieron en que la coordinación interinstitucional será fundamental para fortalecer la respuesta del sistema de salud, garantizar una atención oportuna a los pacientes y evitar que las soluciones judiciales generen desequilibrios financieros que comprometan la prestación de servicios en el futuro.
Acompañaron al presidente del IPS los miembros del Consejo de Administración Emilio Argaña, José Jara, Bettina Albertini y Mirtha Arias, además del director Jurídico de la institución, Pablo Morínigo.
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