La revisión estará a cargo del doctor Alberto Cabrera, Auditor General del Poder Ejecutivo, quien trabajará por instrucciones directas de la Presidencia del IPS, encabezada por el doctor Isaías Fretes. El objetivo es determinar cuántos bienes están debidamente titulados, quiénes los ocupan o arriendan, cuánto pagan y si los montos percibidos se ajustan al valor real de mercado.
Durante la presentación del plan de auditoría, el presidente del IPS fue categórico al señalar que la institución necesita conocer con precisión el estado de sus activos inmobiliarios. “Quiero saber cuántas propiedades tiene el IPS, dónde están, cuánto se paga por cada alquiler y quién lo alquila. También quiero saber si ese precio corresponde o no”, expresó Fretes.
El titular de la previsional destacó que solo en el Chaco el IPS posee más de 400.000 hectáreas, cuyo aprovechamiento económico deberá ser revisado a fondo. “Los verdaderos dueños de estas propiedades son los asegurados y los empresarios que aportan todos los meses. Ellos tienen derecho a saber qué está pasando con este patrimonio”, enfatizó.
“SI DEBÍAN INGRESAR G. 10, HOY SOLO ENTRA G. 2”
Fretes reveló que los datos preliminares sugieren un fuerte desfase entre el potencial de ingresos y lo que efectivamente recibe la institución por el alquiler de sus inmuebles. “Si por esas propiedades debían ingresar 10 guaraníes, hoy apenas se reciben 2”, graficó. La comparación ilustra el nivel de subutilización o posible infravaloración de los contratos vigentes, lo que podría traducirse en pérdidas millonarias para la previsional.
AUDITORÍA ABARCARÁ TÍTULOS, ALQUILERES Y RENTABILIDAD
Al respecto, el doctor Alberto Cabrera explicó que la auditoría analizará de manera exhaustiva la situación legal, administrativa y financiera del patrimonio inmobiliario del IPS. “Queremos saber cuántos inmuebles están titulados, cuánto le costaron a la institución, quiénes los alquilan, cuánto pagan y cuál es el costo de mantenimiento en relación con los ingresos que generan”, detalló.
El propósito es establecer con evidencia suficiente si las propiedades producen beneficios reales o, por el contrario, representan costos superiores a los ingresos.
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
Cabrera advirtió que se trata de una tarea de gran magnitud, considerando que existen más de 800 propiedades registradas, cifra que podría acercarse a las 1.000 unidades.
Para obtener información precisa, la Auditoría General del Poder Ejecutivo trabajará de forma coordinada con el Registro General de la Propiedad, la Escribanía Mayor del Gobierno y el Instituto Geográfico Militar. “Es un trabajo muy delicado que debe realizarse en forma interinstitucional para determinar con evidencia suficiente la situación de estas propiedades”, señaló.
TAMBIÉN AUDITARÁN MEDICAMENTOS E INSUMOS
Además del área inmobiliaria, el equipo de auditores revisará la administración del stock de medicamentos, insumos y materiales médicos. La auditoría buscará verificar el cumplimiento de licitaciones y contratos, así como el recorrido de los productos desde el parque sanitario hasta las farmacias internas y externas del IPS en todo el país.
Según Cabrera, el trabajo de auditoría concluirá a finales de agosto. No obstante, si durante el proceso surgen hallazgos de alta relevancia, estos serán comunicados de inmediato al presidente del IPS y a los miembros del Consejo de Administración.
SOLO SE CUMPLIÓ EL 2,5% DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES
En este contexto, uno de los datos más preocupantes revelados por Cabrera es el escaso cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría General del Poder Ejecutivo a la administración anterior del IPS, a cargo del destituido Jorge Brítez. “De 100 recomendaciones formuladas, apenas se cumplieron dos. Eso significa un cumplimiento de solo 2,5%”, afirmó.
El auditor concluyó que este nivel de respuesta demuestra que el sistema de control interno del IPS es “muy débil” y, en términos prácticos, se encuentra aplazado.
TRANSPARENCIA Y RECUPERACIÓN PATRIMONIAL
Con esta auditoría, las nuevas autoridades del IPS buscan transparentar el uso de uno de los patrimonios inmobiliarios más grandes del país y corregir posibles irregularidades que habrían generado pérdidas significativas durante años.
El desafío no solo será determinar el estado real de cada propiedad, sino también garantizar que estos activos generen los ingresos que corresponden en beneficio de los asegurados y empleadores, verdaderos propietarios del patrimonio previsional.
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