Cabe recordar que la nueva administración del IPS (iniciada por el Dr. Isaías Fretes, y continuada por el actual presidente de la institución, Derlis León) viene realizando una revisión de distintas áreas y procesos internos. En junio, el IPS informó que había dispuesto un corte administrativo al asumir la nueva gestión y que se estaban revisando contratos y antecedentes de procesos anteriores. Esto ocurrió en paralelo a una investigación fiscal sobre licitaciones de la previsional.
Según datos de la previsional, la presente medida fue establecida mediante la Resolución N° 545/2026, que también determina la conformación y las funciones del equipo encargado de llevar adelante la intervención. El equipo interventor estará integrado por Carlos Caballero Maidana, como interventor principal, y Miguel Ángel Llanos y Arminda Núñez, en calidad de interventores. Los designados deberán relevar la situación actual del departamento, verificar los procedimientos existentes y adoptar las medidas que correspondan dentro del marco de sus competencias.
El inicio formal de la intervención contó además con la presencia de Larissa Fleitas, representante de Auditoría Interna, quien tuvo a su cargo la elaboración del acta que deja constancia de la apertura del proceso.
La participación de Auditoría Interna permitirá documentar las actuaciones realizadas durante esta etapa y acompañar el proceso desde el ámbito del control institucional.
La intervención administrativa se plantea como una herramienta para revisar, ordenar y fortalecer el funcionamiento de un área, así como para promover una gestión más eficiente y transparente de los recursos.
En este caso, la revisión se concentra en el Departamento de Transporte, un área vinculada al funcionamiento operativo de distintas dependencias y servicios del IPS. La resolución establece el marco de actuación del equipo interventor y las acciones que deberán desarrollarse durante el proceso.
ANTECEDENTES QUE RODEAN LA MEDIDA
La Fiscalía abrió una causa por presuntas irregularidades en cinco licitaciones del IPS. La investigación fue iniciada en mayo de 2026 y abarca procesos realizados durante la administración anterior. El Ministerio Público aclaró inicialmente que se encontraba en una etapa preliminar y que todavía debía determinarse si existía daño patrimonial o responsabilidad penal.
Posteriormente, una investigación vinculada a la compra de quirófanos modulares derivó en imputaciones. En agosto, la Fiscalía imputó a nueve personas por presunta lesión de confianza y señaló un supuesto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 61.000 millones. El caso está relacionado con procesos administrativos, contractuales y de ejecución de obras del IPS, no específicamente con el Departamento de Transporte.
El IPS también informó que incrementó sus controles internos. En julio, la institución señaló que había impulsado unas 30 auditorías sobre distintos hechos detectados durante recorridas y verificaciones, además del trabajo de equipos de Auditoría del Poder Ejecutivo y de la Contraloría.
En otro caso, el IPS inició una revisión integral de las obras del Hospital 12 de Junio después de detectar observaciones en infraestructura, revisando contratos, certificaciones, actas de recepción y actuaciones de fiscalización.
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