El eje central de la preocupación es el deterioro de la caja fiscal, cuyo déficit ya supera los USD 300 millones en el presente ejercicio, consumiendo recursos esenciales del presupuesto. En este contexto, los industriales exigieron celeridad en la reglamentación de la Ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, clave para la previsibilidad del sistema.
La situación del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud también generó alarma. Los gremios señalaron una abultada deuda con el sector farmacéutico e insumos médicos, así como la crisis en el fondo de enfermedad y maternidad del IPS. La falta de recursos en Salud para patologías de alta complejidad agrava un panorama social ya tenso, mientras se plantea la necesidad de revisar el uso de los fondos jubilatorios bajo estrictos criterios técnicos para el desarrollo.
DEUDA DEL ESTADO Y SEGURIDAD JURÍDICA
Otro factor de inestabilidad es la deuda del Estado con proveedores, que asciende a cientos de millones de dólares y golpea severamente a la construcción y la producción de alimentos. Este atraso genera un peligroso efecto dominó en la cadena de pagos y pone en riesgo la salud financiera de las empresas. El reclamo es de previsibilidad, sinceramiento de la deuda interna y el cumplimiento de contratos, incluyendo los intereses por mora.
La seguridad jurídica fue calificada como un «eje transversal» de la incertidumbre. Se denunciaron sanciones arbitrarias de SEDECO, trabas y extorsiones municipales a nuevas inversiones, y la inacción del Ministerio Público frente a las ocupaciones ilegales de tierras. Esta combinación, advirtieron, «abona la incertidumbre, desalienta la inversión, reduce la competitividad y erosiona la confianza en las instituciones».
MODELO ENERGÉTICO Y REGULACIÓN DE PRECIOS
El modelo energético fue duramente cuestionado. Los industriales rechazaron cualquier intento de aumento selectivo de tarifas sin una propuesta definitiva para financiar la reducción de pérdidas y el robo de energía. La demanda es por tarifas previsibles basadas en criterios técnicos, sin subsidios, y un aumento inmediato de las inversiones en infraestructura eléctrica ante el riesgo inminente de agotar la capacidad de generación existente.
Finalmente, los gremios manifestaron un categórico rechazo a la regulación directa o indirecta de precios, argumentando que estas acciones distorsionan el mercado, provocan desabastecimiento y desincentivan la producción local, calificándolas como la «antesala de un modelo que deriva en forma de servidumbre económica». A esto se sumó la desaprobación a la promulgación de feriados adicionales en diciembre, cuyo impacto se estima en $40 millones diarios de pérdida de producción industrial.
Como resultado del encuentro, los gremios acordaron elaborar un documento unificado para llevar sus preocupaciones a las más altas autoridades del Gobierno, con la esperanza de generar una reacción técnica y política que evite la profundización de la crisis.
Dejá tu comentario