Desde la ESSAP informaron oficialmente que no existe, hasta el momento, ningún proceso judicial ni acción en curso que comprometa los intereses de la institución, y que desde su asesoría jurídica no se tiene conocimiento de ninguna presentación formal de pedido de quiebra.
No obstante, en el marco de la responsabilidad y la transparencia institucional, la empresa estatal anunció que realizará las verificaciones correspondientes ante las instancias competentes, y que una vez concluidas dichas diligencias se comunicarán oficialmente lo que corresponda.
La controversia se intensificó luego de que el juez Juan Martín Palacios Fantilli confirmara este miércoles la existencia de un pedido de declaración de quiebra, presentado con fecha 2 de febrero de 2026, que fue sorteado y asignado al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital.
Según explicó el magistrado, el escrito fue presentado por el abogado Manuel Radice, quien buscaría el cobro de honorarios profesionales presuntamente adeudados por la empresa estatal. Sin embargo, aclaró que el pedido aún no constituye un proceso judicial en curso, ya que debe atravesar previamente una etapa de fiscalización antes de su eventual tratamiento por el juzgado.
“El documento existe como un pedido presentado por un profesional del derecho. Como consecuencia de ello, se radicó en el juzgado tras el sorteo de competencia, pero todavía debe cumplir los pasos procesales previos”, precisó el juez.
De esta manera, mientras la ESSAP sostiene que no ha sido notificada ni tiene conocimiento formal de una acción judicial en su contra, desde el ámbito judicial se confirma la existencia de un pedido inicial, que aún no fue admitido ni tramitado como causa.
El caso continúa en etapa preliminar, a la espera de las verificaciones administrativas y judiciales correspondientes, en medio de un fuerte impacto público generado por la difusión del documento en redes sociales.
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