La operación fue coordinada por el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) y el Ministerio de Justicia, con el apoyo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Como parte del procedimiento, 403 condenados fueron trasladados desde el Centro Nacional de Prevenidos (ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú) hasta el Centro de Reinserción Social «Martín Mendoza», de Emboscada, mientras que otros 215 internos fueron derivados desde el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
El despliegue involucró a un importante contingente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, responsables de asegurar los perímetros y custodiar los traslados. A ello se sumó el trabajo de más de 100 agentes penitenciarios y 133 funcionarios del Ministerio de Justicia, quienes estuvieron a cargo de la logística, el control documental y el monitoreo en tiempo real de cada movimiento.
En paralelo, 85 profesionales de la salud del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud realizaron evaluaciones médicas, controles físicos y registros clínicos de todas las personas trasladadas, mientras que ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) permanecieron de forma permanente en los establecimientos penitenciarios para atender cualquier eventualidad.
REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, sostuvo que el Operativo Umbral 3.5 representa un nuevo avance dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, al establecer una clasificación más estricta de la población penitenciaria.
Explicó que, a partir de esta reorganización, los centros destinados a personas procesadas albergarán exclusivamente a quienes aún no cuentan con una condena firme, mientras que los sentenciados cumplirán sus penas en centros de reinserción social, fortaleciendo los programas orientados a la rehabilitación.
Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que la operación evidencia el nivel de coordinación alcanzado entre las instituciones del Estado y consideró que esta reorganización contribuirá a mejorar el control de los establecimientos penitenciarios, reforzar la seguridad pública y enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado.
A su vez, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, destacaron la labor conjunta desarrollada entre militares, policías y funcionarios penitenciarios para garantizar la seguridad durante toda la ejecución del operativo.
La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, resaltó el componente sanitario de la intervención, señalando que todos los internos trasladados fueron sometidos a controles médicos bajo protocolos previamente establecidos.
Según las autoridades, toda la operación se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con resguardo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, consolidando un proceso que busca modernizar el sistema penitenciario paraguayo mediante una mejor clasificación de la población penal, mayor seguridad institucional y un enfoque orientado a la reinserción social.
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