La agente fiscal aclaró, sin embargo, que la investigación no se está tramitando sobre los 525 casos de manera simultánea. El Ministerio Público está avanzando por grupos, debido a que cada expediente requiere documentación y un proceso de verificación y acompañamiento institucional.
Uno de los primeros grupos está integrado por 144 casos, respecto de los cuales la Fiscalía ya solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) las acciones necesarias para que esos títulos pierdan su eficacia jurídica.
Sosa explicó que el problema adquiere especial relevancia porque los documentos cuestionados figuran registrados en el Registro de Títulos, un registro público cuya custodia está a cargo del MEC. Por ello, no basta con determinar que los documentos son falsos: también es necesario avanzar en su cancelación dentro del registro oficial. “Es sumamente relevante que esos títulos pierdan esa eficacia jurídica porque están en un registro público”, señaló la fiscala.
LA UAA, VÍCTIMA DEL USO DE SU MEMBRETE
En los casos actualmente investigados aparece de manera recurrente la Universidad Autónoma de Asunción, cuyo membrete habría sido utilizado para confeccionar títulos y certificados de estudios que no fueron emitidos por la institución.
Sosa remarcó que la universidad es considerada víctima en esta etapa de la investigación, ya que existen elementos suficientes para confirmar que los documentos no fueron expedidos por sus autoridades.
La Fiscalía concentra ahora sus esfuerzos en determinar quiénes participaron en la elaboración y utilización de los documentos, pero también en establecer si las personas que presentaron esos títulos sabían que eran falsos.
La diferencia es fundamental para determinar eventuales responsabilidades penales. La investigación busca establecer, además, si hubo utilización de documentos no auténticos para lograr su inscripción en un registro público.
TAMBIÉN INVESTIGAN POSIBLES BENEFICIOS OBTENIDOS
La fiscala confirmó que la investigación contempla otro aspecto de considerable impacto: los beneficios económicos que pudieron obtenerse mediante los títulos falsos.
Los documentos habrían sido utilizados, entre otras finalidades, para acreditar una determinada formación y acceder a cargos, rubros o bonificaciones salariales. Sosa confirmó que se analiza la posibilidad de reclamar el reembolso de salarios, bonificaciones u otros beneficios percibidos indebidamente.
La Fiscalía también investiga la eventual responsabilidad de funcionarios administrativos que intervinieron en el registro de los títulos.
En ese sentido, se busca determinar si funcionarios responsables de validar o registrar los documentos incumplieron los controles y verificaciones exigidos por las leyes y resoluciones vigentes.
LA CIFRA PODRÍA SER MAYOR A 525
Aunque actualmente la Fiscalía maneja con certeza la cifra de 525 títulos falsos, Sosa advirtió que la cantidad de personas involucradas podría aumentar.
La fiscala recordó que la auditoría realizada previamente por el MEC sobre este tipo de irregularidades había abarcado inicialmente alrededor de 1.500 casos, por lo que la investigación todavía tiene un campo considerable de análisis.
La confirmación de los 525 títulos no significa, por tanto, que la investigación haya concluido ni que todos los casos restantes puedan ser descartados.
NO TODOS LOS CASOS IMPLICAN NECESARIAMENTE LA MISMA RESPONSABILIDAD
Uno de los puntos que la Fiscalía considera centrales es determinar qué ocurrió con cada persona que aparece vinculada a los documentos cuestionados. Sosa planteó una distinción entre quienes compraron deliberadamente un título falso y aquellas personas que podrían haber sido víctimas de un engaño.
Según explicó, existen casos de personas a las que se habría ofrecido una carrera o formación académica bajo el argumento de que existía un convenio con determinada universidad. Estas personas habrían cursado estudios durante varios años y recibido posteriormente una documentación que creían legítima.
En estos casos, el MEC estaría analizando alternativas para determinar cómo proceder, ya que la situación de quienes fueron engañados no necesariamente puede equipararse a la de quienes conscientemente adquirieron y utilizaron documentación falsa.
¿CÓMO SE DETERMINA QUE UN TÍTULO ES FALSO?
La fiscala explicó que la detección de irregularidades requiere una serie de controles. No se trata simplemente de observar el documento y determinar si parece auténtico.
El proceso comienza con la verificación de que la persona efectivamente sea bachiller. Posteriormente, se comprueba si la universidad o institución de educación superior estaba habilitada para funcionar en determinada ciudad y durante el año en que supuestamente se realizaron los estudios.
También se verifica que la institución y los estudios estén registrados ante las autoridades correspondientes y que las materias cursadas coincidan con las mallas curriculares autorizadas.
En este proceso intervienen los organismos responsables de la educación superior, entre ellos ANEAES, CONES y MEC.
Otro control consiste en comprobar las firmas y los nombres de las autoridades que aparecen en los títulos, cotejándolos con los registros oficiales correspondientes al período en que supuestamente fueron emitidos.
Cuando existen dudas, las autoridades pueden solicitar a los afectados que presenten la documentación original para profundizar la verificación.
DE LOS 144 CASOS, NO TODOS SON DOCENTES
Sosa aclaró que el primer grupo de 144 personas no está compuesto exclusivamente por docentes en ejercicio.
Dentro de ese conjunto existen tres situaciones diferentes: personas que no ejercen la docencia ni son funcionarios públicos; funcionarios públicos que no ejercen tareas docentes; y personas que efectivamente se desempeñan como docentes. La mayoría de los casos identificados corresponde a personas del interior del país.
Sin embargo, la Fiscalía todavía trabaja para establecer dónde fueron confeccionados los documentos y, principalmente, bajo qué circunstancias fueron utilizados.
LA CLAVE: DETERMINAR QUIÉN SABÍA QUE EL TÍTULO ERA FALSO
Para la investigación penal, uno de los puntos decisivos será demostrar si la persona que utilizó el documento conocía o no su falsedad.
La Fiscalía buscará establecer si los involucrados sabían que los títulos no eran auténticos y, pese a ello, los utilizaron para acceder a determinados beneficios o para inscribirlos en el Registro de Títulos.
Por eso, la investigación avanza caso por caso y por grupos, con el objetivo de reunir la documentación necesaria y determinar responsabilidades individuales.
La fiscala Sosa insistió en que existen dos caminos paralelos: el administrativo, destinado a retirar la eficacia jurídica de los títulos falsos que aparecen en el registro público, y el penal, orientado a identificar a quienes participaron deliberadamente en el hecho y establecer las eventuales sanciones.
Mientras el Ministerio Público continúa reuniendo evidencias, los 525 títulos ya confirmados como falsos constituyen el núcleo firme de una investigación que podría ampliarse a partir de los demás casos detectados en las auditorías educativas.
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