Tras una reunión mantenida en Mburuvicha Róga, Rolón explicó que la Fiscalía arrastra limitaciones estructurales desde su creación con la Constitución de 1992, pese a las amplias funciones que le fueron asignadas.
Entre ellas, mencionó la conducción de la acción penal desde la investigación del hecho punible hasta la ejecución de la pena, así como la defensa de intereses sociales, ambientales y de comunidades indígenas.
“El Ministerio Público nació prácticamente desposeído y con misiones muy densas”, afirmó el titular del organismo, al tiempo de señalar que la institución depende exclusivamente del presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo, sin contar con fuentes propias de financiamiento.
Rolón advirtió que el presupuesto fiscal se mantiene prácticamente sin variaciones desde hace una década, lo que limita la expansión de servicios y la capacidad operativa. En ese contexto, recordó que al inicio de su gestión se estimó la necesidad de un aumento del 62% para cubrir adecuadamente las demandas institucionales.
DEFICIT DE RECURSOS HUMANOS
El fiscal general también subrayó el déficit de recursos humanos, indicando que actualmente se cuenta con alrededor de 350 agentes fiscales, cuando se requieren al menos 700 para cubrir todo el territorio nacional. “Estamos hablando de un país con más de 400.000 kilómetros cuadrados y cerca de 7 millones de habitantes, con apenas la mitad de los fiscales necesarios”, expresó.
Asimismo, destacó la falta de infraestructura y equipamiento, especialmente en el interior del país, donde la presencia institucional es limitada. Señaló la necesidad de contar con laboratorios forenses, morgues, equipos técnicos y profesionales especializados en distintas áreas, como psicología y asistencia social.
En relación con la reunión, Rolón calificó el encuentro como “provechoso” y señaló que el Ejecutivo mostró apertura para analizar la situación. Indicó que una de las alternativas planteadas es revisar la distribución de recursos dentro del sistema de justicia, considerando que el Poder Judicial cuenta con ingresos adicionales, como tasas judiciales, que podrían ser objeto de discusión para fortalecer a la Fiscalía.
El titular del Ministerio Público también mencionó dificultades operativas vinculadas al plan de caja y ejecución presupuestaria, lo que impacta en el funcionamiento cotidiano de la institución.
En otro momento, explicó que la falta de recursos también incide en la lentitud de algunos procesos periciales, debido a limitaciones tecnológicas y escasez de personal especializado, lo que dificulta dar respuestas más rápidas a los casos.
Finalmente, Rolón reiteró que el objetivo de su gestión es fortalecer la credibilidad institucional y garantizar la independencia del Ministerio Público, en línea con los principios establecidos en la Constitución Nacional. “Necesitamos los medios para cumplir con los fines que la ley nos asigna”, concluyó.
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