La resolución se basa en la Ley N.º 6648/2020, que establece que las personas con al menos 33% de discapacidad certificada, 55 años de edad y 20 años de aporte, pueden acceder a una jubilación íntegra.
El caso surgió luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas liquidara la jubilación de la funcionaria con base en una normativa anterior, otorgándole solo el 50% de sus haberes.
Según explicó Peralta, la institución argumentó que la ley vigente solo debía aplicarse a quienes ingresaron a la función pública bajo un régimen específico de inclusión. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas rechazó esta interpretación por considerarla restrictiva y contraria al espíritu de la ley. “La norma no establece esa limitación. No se puede restringir un derecho humano cuando la ley no lo hace”, enfatizó.
RECALCULO Y PAGO RETROACTIVO
El fallo ordena no solo el recálculo de la jubilación al 100%, sino también la devolución de los montos no percibidos desde el año 2024, cuando se inició la acción judicial. La profesional explicó que la jubilación es un derecho adquirido por los aportes realizados durante años de servicio, y no un beneficio discrecional del Estado.
Este precedente abre la posibilidad de que otras personas en situación similar reclamen el mismo derecho. No obstante, Peralta aclaró que no se trata de una “ola de demandas”, sino del ejercicio legítimo de derechos ya reconocidos por ley.
También recordó que quienes no cumplen con los requisitos establecidos pueden acceder a una pensión por invalidez, siempre que cuenten con una discapacidad del 100% certificada.
DOS AÑOS DE LITIGIO Y UNA JUSTICIA TARDÍA
El proceso judicial se extendió por dos años, afectando a una persona adulta mayor con más de 70 años y un alto grado de discapacidad. La abogada advirtió sobre la necesidad de una justicia más ágil, especialmente en casos que involucran a sectores vulnerables, donde las demoras pueden agravar las condiciones físicas y emocionales de los afectados.
Durante la entrevista, Peralta también expresó su preocupación por recientes declaraciones de legisladores hacia agentes del Ministerio Público, calificándolas como amenazas que vulneran la independencia de poderes.
Recordó que la Constitución Nacional garantiza la separación entre los poderes del Estado, y advirtió que cualquier intento de injerencia política sobre fiscales o jueces “quiebra el Estado de derecho y debilita la democracia”.
Asimismo, criticó la falta de reacción institucional ante este tipo de situaciones, señalando que la impunidad genera un clima de desprotección para los operadores de justicia. “La ciudadanía necesita fiscales y jueces independientes, sin presiones políticas, para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica”, sostuvo.
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