Con un mensaje claro y directo, legisladores de diferentes bancadas presentaron un proyecto de ley que pretende marcar un antes y un después en la atención al público: la prioridad para embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y acompañantes de niños dejaría de depender de la buena voluntad para convertirse en un derecho garantizado por ley.
La propuesta, denominada “Que establece la atención preferencial y prioritaria en lugares públicos y privados de acceso público”, surge como respuesta a una realidad persistente: la falta de reglas claras que protejan a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Actualmente, el acceso preferencial suele quedar sujeto a la cortesía o sensibilidad de terceros, lo que genera desigualdades y situaciones de riesgo.
En la exposición de motivos, los impulsores del proyecto advierten que las largas filas y la espera prolongada pueden afectar directamente la salud y el bienestar de embarazadas, niños y adultos mayores. En ese sentido, sostienen que el país aún arrastra un vacío normativo en materia de atención general al público, pese a contar con avances en otros ámbitos como el laboral y sanitario.
La iniciativa busca alinearse con principios constitucionales de igualdad real y protección integral de la familia, además de reforzar compromisos asumidos por el Estado en torno al cuidado durante el embarazo y la primera infancia.
De aprobarse, la ley obligaría a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, a implementar mecanismos efectivos de atención prioritaria. Esto implicaría establecer sistemas organizados que reduzcan tiempos de espera y aseguren un trato acorde a las condiciones de cada persona.
El proyecto ya fue remitido a comisiones para su estudio técnico, donde se analizará su viabilidad y alcance. Mientras tanto, la propuesta instala un debate de fondo: si la empatía debe seguir siendo opcional o transformarse en una garantía respaldada por la ley.
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