Mientras las proyecciones oficiales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP) sugieren un incremento que apenas rondaría entre los G. 61.000 y G. 69.000, el sector obrero formalizó una contrapropuesta de negociación drástica: un aumento del 20%, equivalente a G. 647.000.
Bernardo Rojas, representante de los trabajadores ante la CONASAN, criticó con dureza la falta de reciprocidad en la mesa de diálogo durante una entrevista con RCC Radio. Manifestó que, a pesar de haber remitido la propuesta con antelación, el sector empresarial evitó responder con balances o contrapropuestas técnicas.
ESTRUCTURA «PASAPAPELES» Y LA NECESIDAD DE UNA REFORMA ESTRUCTURAL
Más allá de la discusión del porcentaje para este periodo, la postura obrera apunta a una transformación de fondo del sistema de medición. Rojas calificó a la actual CONASAN como una instancia estéril y desvinculada de la economía doméstica.
«La CONASAN es una instancia que no sirve para nada, está al santo botón y es para distraer la atención. No tenemos peso; somos simples pasapapeles entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo», fustigó el dirigente sindical.
Ante este diagnóstico, los representantes de los trabajadores delinearon los cinco ejes centrales de un proyecto de ley que ya se encuentra bajo discusión con miembros de la Cámara de Senadores para modificar la legislación vigente desde 2016:
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Canasta Independiente Monitoreo de Precios Desindexación Salarial
Crear un indicador propio Controlar costos de los Separar tasas e impuestos
que desplace al IPC del básicos para evitar abusos municipales y judiciales
BCP en el sector obrero. del sector comercial. del valor del mínimo.
Además, el proyecto plantea la creación del Instituto de Estudio Permanente del Salario y del Costo de Vida, un órgano técnico abocado exclusivamente a analizar de forma constante la pérdida del poder adquisitivo de las familias trabajadoras.
RENTABILIDAD EMPRESARIAL VS. EL DEBATE DE LAS MIPYMES
Al ser consultado sobre el impacto financiero que un incremento de G. 647.000 provocaría en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), el representante gremial derivó la responsabilidad al diseño de las políticas públicas del Estado paraguayo. Argumentó que el argumento de la incapacidad de pago de las MIPyMES se utiliza para proteger la alta rentabilidad de los grandes sectores económicos.
Capacidad de absorción: Según Rojas, los sectores ganadero, sojero y bancario concentraron los mayores márgenes de ganancia en el primer semestre del año, impulsados por la macroeconomía, por lo que están en condiciones de absorber el costo real de la canasta básica.
Subsidios estatales: Para el sector de las MIPyMES, el gremialista sugirió que el Gobierno aplique modelos de asistencia similares a los de mercados internacionales, mediante la reducción de costos operativos, la flexibilización de cargas impositivas superfluas o subsidios directos coordinados por el Ministerio de Trabajo.
A pesar de las bajas probabilidades de que el sector empresarial y el Ejecutivo validen la propuesta del 20% en la mesa de este miércoles, desde el bloque civil aseguran que la fijación del nuevo monto no cerrará el conflicto, sino que marcará el inicio de una campaña de presión legislativa en el Parlamento para cambiar de manera definitiva las reglas del juego salarial.
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